A día de hoy, resulta imposible conocer el impacto de las multas por el estado de alarma en función de barrios o distritos. Se trata de un indicador de las actuaciones policiales que permanece sin conocerse más de dos meses después de que España se instalase en el actual escenario de excepción. Da igual –o prácticamente igual– dónde se pregunte. La respuesta, en la mayoría de los casos, es la misma: "no tenemos esos datos". En las subdelegaciones de Gobierno de Sevilla y Madrid no hay información. Lo mismo ocurre en Valencia o Cataluña...

La Xunta no contempla publicar una serie estadística completa sobre el impacto del coronavirus en Galicia. Así lo ratificaba la semana pasada el propio presidente, Alberto Nuñez Feijóo, después de que la introducción de 3.552 "curaciones" sin referencia temporal alguna y otros cambios en el cómputo hiciesen saltar por los aires, a efectos prácticos, la información que sobre la epidemia pudiesen tener recogida los medios de comunicación y la ciudadanía en general.

No es solo que las leyes de Salud Pública y de Transparencia obliguen a publicar los nombres de los comités y de los expertos que asesoran en materia sanitaria, sino que ya hay sentencias a favor de la publicidad de estos datos. La decisión del Gobierno de ocultar nombres de asesores y funcionarios contrasta con dos sentencias recientes en sentido contrario. Una de ellas, de diciembre de 2019, obliga a publicar los nombres de los técnicos de un caso de salud pública y otra destaca: "La transparencia consiste cabalmente en la visibilidad de lo..

El Gobierno gallego ha dejado de dar las cifras de decesos en cada centro en su parte diario y solamente facilita cantidades totales de fallecidos, tanto en residencias como en hospitales. La Federación Galega de Usuarios e Residencias REDE acusa al Gobierno gallego de opacidad, ya que, con este nuevo sistema no es posible conocer la realidad de cada centro, para angustia de los familiares.

La reciente sentencia de Tribunal Supremo, favorable a Civio, que obliga al Tribunal del Cuentas a identificar a todo su personal eventual ya está teniendo consecuencias en otros ámbitos de la administración. Presidencia del Gobierno ha decidido ignorar esta sentencia del órgano superior del poder judicial español y llevar ahora a los tribunales su negativa a publicar la identidad y retribuciones de sus asesores.

En ese informe,Antonio Asenjo, el que era responsable de Seguridad de la eléctrica, admite que el dinero pagado a Castellana de Seguridad (Casesa) servía para “pillar” a políticos que se oponían a los planes del grupo y comprar los favores de otros. Una unidad que quería instalar una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), con una inversión de 900 millones de euros y que había chocado con la oposición del ayuntamiento de la localidad andaluza..“El objetivo es lograr que la oposición del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera,

El número de grandes empresas que tributan en estos territorios se redujo el año pasado, pero apenas un 6%, ritmo con el que tardarían 15 años en desaparecer por completo. Además, la información que publican al respecto sigue siendo opaca. Las grandes empresas españolas que forman parte del IBEX 35 han aumentado sus ingresos, aunque ello no ha implicado una mayor contribución en impuestos al país. Este es uno de los principales argumentos que revela Oxfam Intermón en su informe anual sobre estas compañías, en el cual analiza las prácticas

Empresas estatales controlan el 90% de las reservas mundiales de gas y petróleo, que no forman parte de las conversaciones y acuerdos internacionales. Tres de las cinco empresas con más emisiones son de propiedad pública: la saudí Aramco es la mayor de todas; la rusa Gazprom ocupa el tercer lugar; y la National Iranian Oil Company, el quinto

Al salario de los 12 embajadores que Quim Torra tiene repartidos por el mundo a razón de más de 82.000 euros brutos anuales, cabe sumar el coste de los viajes realizados por estos altos cargos que, según ha podido saber este diario, sumaron 17.117 euros sólo en el último año

Parece que el sistema necesita dar poder omnímodo y sin debate al partido gobernante para que haga y deshaga a su antojo, sea este escorado más a la derecha como el PP o más a la izquierda como el PSOE. Quizá cabría preguntarse si más que las medidas económicas que propone Podemos (algunas más dañinas que otras para los intereses de banqueros y comerciales), lo que de verdad resulta inaceptable para el aparato de Estado es llanamente que haya un gobierno de coalición, o sea, la transparencia en los gobiernos...

Los senadores gastaron más de 504.000 euros en viajes en los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, últimos datos conocidos.

Madrid Network, creada durante la primera legislatura de Esperanza Aguirre como una entidad público-privada para fomentar la innovación, tuvo en nómina a variados asesores y consultores con sueldos de hasta 9.000 euros netos mensuales mientras recibía cuantiosas subvenciones públicas cuestionadas por los propios servicios jurídicos autonómicos. Entre esos asesores estuvo entre 2008 y 2011 la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, que percibió 4.219 euros netos mensuales hasta que obtuvo un escaño en la Asamblea de Madrid.

Los disidentes de Actúa Baleares han denunciado las cuentas opacas de formación. En este sentido, aseguran que hay una "absoluta confusión" en las cuentas de Vox Baleares y que la cúpula está incumpliendo sus ideales al aceptar duplicidades de cargos. Estos sectores también denuncian que Jorge Campos, el presidente de la formación, ha ido acaparando más y más poder abandonando a su militancia.

El Gobierno ha demandado a los Franco para que devuelvan el pazo de Meirás por un "fraude" en su compra, pero la fortuna corrupta del dictador tiene muchos más hitos. El régimen franquista gestó un entramado empresarial desde El Pardo que sumó fincas y palacios además de sueldos y regalos como toneladas de café de Brasil. En Chile, la justicia ordenó el decomiso de parte del patrimonio acumulado por los Pinochet en 17 años de dictadura. España no ha hecho ninguna investigación ni acción parecida. El gran pelotazo urbanístico de los Franco tiene

El despacho de Jorge Buxadé, número uno de la formación en Europa, cobró por trabajos mensuales para la fundación Badalona Capital Europea del Bàsquet. El candidato, que pasó por Falange y PP, compatibilizó su actividad como abogado del Estado con ser secretario de la fundación presidida por Xavier García Albiol. La Fiscalía de Barcelona comenzó a investigar la fundación badalonesa en otoño de 2017, pero la fiscal jefa decidió paralizar la investigación antes de las elecciones..

La trama urdida puesta al descubierto en el Caso Villarejos debería preocuparnos a todos,da igual quienquiera que sea la víctima. Pero esto va más a allá,es contra el sistema democrático. Entender los valores constitucionales y retorcer la voluntad popular democrática y la función de los partidos como lo entienden estos policías y sus mandantes,si se demuestra,constituye un verdadero golpe de estado. La opacidad es la enfermedad mortal de la democracia; la impunidad,más. Los demócratas necesitamos tener la confianza y la tranquilidad..

¿De qué coño (con perdón) sirven las listas negras (o grises) de paraísos fiscales si luego la legislación permite ocultar los nombres y apellidos de quienes los siguen utilizando? Sólo obligan a dar el nombre de una persona física si posee el 25% del capital de una empresa.¿Por qué demonios alguien que accede a un bien público que le va a reportar un suculento negocio puede ocultar legalmente su identidad. Transparencia total,incluidos los dueños de los VTC. Una sola compañía radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas es la

En concreto, unas 220.000 enfermeras (46 colegios de 52) de las 300.000 colegiadas que hay en España –casi 3 de cada 4- no pueden acceder, o acceden si se empeñan mucho, a la información de los dos

No es la primera vez que se pone en cuestión la transparencia del Banco Central Europeo en su labor de supervisor único de las entidades financieras de Europa,como bien saben los afectados por la resolución de Banco Popular,pero las últimas críticas vienen de una instancia tan alta como el Tribunal de Cuentas Europeo,que considera que la institución que preside Mario Draghi no le permite realizar su trabajo de manera adecuada,al negarle acceso a documentos clave.La institución encargada de la fiscalización y el control de las cuentas de la UE

Un informe aprobado hace dos meses por la Cámara de Cuentas de Madrid desvela que la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social no rendía cuentas ante el organismo fiscalizador. El sueldo de Abascal como director gerente, 82.491 euros brutos, equivalía a un tercio del presupuesto total de la fundación

La Cámara de Cuentas de Madrid ha dejado en evidencia, en un informe publicado el pasado mes de octubre, que la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la Comunidad de Madrid en la que Ignacio González colocó a Santiago Abascal no rindió cuentas ante el organismo fiscalizador. En concreto, este informe desvela textualmente que la fundación que presidió el hoy líder de Vox desde abril de 2013 hasta su extinción en diciembre de ese mismo año "no aportó los datos solicitados, y, en consecuencia, no se pudo fiscalizar la fiabilidad.

El borrador del Real Decreto por el que se pretende aprobar la nueva norma de calidad del pan tiene revuelto al sector por la opacidad en su redacción y por sus singulares carencias. Muchos ven la legalización de un posible fraude alimentario y un perjuicio a consumidor.“Se habla de composiciones,de productos semielaborados,precocidos,masas congeladas,semielaboradas,pero no de algo fundamental que diferencia el ‘pan rápido’ y el ‘lento’,por sus consecuencias nutricionales y saludables”.“Tampoco existe una definición legal del pan artesano..

El futuro sistema de control europeo de incidentes relacionados con los productos sanitarios, que debería estar operativo en 2020, no apunta a ser la panacea que muchos esperan. Eudamed, como se denomina esta base de datos centralizada, deberá servir para mejorar la información de implantes problemáticos entre los miembros de la UE, pero no será accesible para los pacientes ni está claro que llegue a tiempo para la aplicación de la nueva normativa.