La reciente sentencia de Tribunal Supremo, favorable a Civio, que obliga al Tribunal del Cuentas a identificar a todo su personal eventual ya está teniendo consecuencias en otros ámbitos de la administración. Presidencia del Gobierno ha decidido ignorar esta sentencia del órgano superior del poder judicial español y llevar ahora a los tribunales su negativa a publicar la identidad y retribuciones de sus asesores.
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