Descubren el macabro desenlace de una desaparición que mantenía en vilo a la comunidad de Carabanchel. La inquietante desaparición de Pilar, una mujer de 68 años, conmocionó a los vecinos y a las autoridades policiales. Tras una intensa investigación, se encontraron los restos desmembrados de la víctima en un vertedero ilegal en Toledo. Las pesquisas policiales llevaron a la detención de una vecina, quien aparentemente mantenía una relación conflictiva con la fallecida. Un crimen escalofriante que ha conmocionado a la localidad.

Un juzgado de Roquetas de Mar en Almería investiga por allanamiento de morada y coacciones al propietario de una vivienda que aprovechó un viaje de su inquilina para entrar en el domicilio, cambiar la cerradura y llevarse las todas sus pertenencias y las de sus hijas de uno y cuatro años. La denunciante tenía contrato de alquiler en vigor.

En España hay cerca de 80.000 pequeños propietarios de viviendas afectados por la declaración de vulnerabilidad de las personas que viven en sus pisos. En mayo de 2019 la inquilina dejó de pagar. El desahucio estaba previsto para mayo de 2020, pero la pandemia “lo paró todo”, porque solicitó informes para ser declarada vulnerable y no ser desalojada. “Ella no es vulnerable, trabaja de tarotista y desde 2007 no cotiza, cobra en B”, denuncia Yolanda. “Desde entonces empieza mi pelea con el Centro de Servicios Sociales"

Los vecinos, entre ellos una niña de 10 años, se sienten desamparados porque la propiedad solo les ofrece unos trasteros para sus muebles y no a todos. Expertos apuntan a un caso de especulación. Los vecinos dicen estar viviendo una película de terror. Supuestamente, el edificio puede caerse en cualquier momento, pero la casera del bloque, Carmen Bachiller, se lo ha dicho en persona. Esta alquila estos estudios de entre 20 y 25 m2 por 500 y 700 € desde hace al menos siete años, y ahora el precio de mercado está mucho más alto.

En mayo de 2019 comenzó a gestarse un movimiento. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid decidía plantar cara a Blackstone, un fondo de inversión estadounidense —o fondo buitre, como señalan desde el sindicato— dueño de sus casas. Su casero había enviado un burofax de renovación del contrato de alquiler con subidas abusivas, de entre el 60% y el 100%, según detallan desde el sindicato, al que comenzaron a unirse vecinos de todas partes de la región. Tras dos años de protestas, presión vecinal y una demanda colectiva, el sindicato log