Una treintena de afectados denuncia aumentos de precios de entre el 30% y el 70% y se suma a la campaña del Sindicato de Inquilinos de Madrid para exigir una negociación. Esta promoción era una más de las miles de viviendas protegidas impulsadas por Esperanza Aguirre. Gran parte de esas casas, para las que la Comunidad y varios ayuntamientos madrileños cedieron suelo público a promotoras privadas, acabaron en manos de Blackstone a precios de saldo tras la crisis de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
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