Ante la censura gubernamental que se sofistica y parece empezar a normalizarse en Nicaragua, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pedro Vaca, enaltece el compromiso social y heroísmo del periodismo nicaragüense que continúa su labor bajo una crisis sociopolítica y de derechos humanos que entra a su tercer año consecutivo. “Ser periodista en Nicaragua en este momento implica una alta dosis de valentía. Los periodistas se…

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha indicado que el Gobierno Vasco considera "especialmente grave" que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

"la prisión es otra trinchera de lucha” “No hace falta compartir todo lo que digo para ver que es un grave ataque contra la libertad de expresión y el resto de libertades democráticas”, ha aseverado en relación con su condena.

En situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

La llamada «Estrategia de Vacunación Covid-19» no está publicada en el Boletín Oficial del Estado ni en ningun otro boletín, que conste, ni ha sido aprobada en Consejo de Ministros ni consta que se haya aprobado por acuerdo alguno por ningún organismo cuyo texto conste fehacientemente, que sea susceptible de recurso por los cauces legales, de exigencia en cuanto a su cumplimiento y de sanción del tipo de que sea en cuanto al incumplimiento.

Libex es una herramienta de apoyo a la labor de los operadores jurídicos que se enfrentan a casos límite de posibles delitos relacionados con actos de comunicación, precisamente allí donde la libertad de expresión se halla en juego. Libex suministra claves para la interpretación de esos delitos (provocación al odio, enaltecimiento del terrorismo, injurias a la policía, etc.) extraídas de la jurisprudencia de los tribunales españoles (en especial el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional), así como del Tribunal Europeo de Derecho Humanos.

María Dolores Montero Caro, Doctora en Derecho Constitucional.: Considerando que en los últimos meses se están produciendo interpretaciones diferentes y que aún no existe una unificación doctrinal por parte del Tribunal Supremo, entiendo que con el estado de alarma podría evitarse la asimetría de ser ratificado en algunas autonomías y en otras no.

Iniciar un procedimiento judicial o verse involucrado en uno supone una serie de gastos que no todo el mundo quiere o puede permitirse. Para todos estos casos se introdujo en el año 1996 el beneficio o derecho a asistencia jurídica gratuita en España. La Constitución Española afirma que el derecho a la justicia será gratuito cuando la Ley así lo establezca, y siempre que se carezca de ingresos para poder litigar.

Leídas las 2 resoluciones del JCI 6 publicadas hoy, creo que es imprescindible una crítica jurídica de defectos de difícil explicación

Fuentes de la Presidencia explican que la decisión de retrasar hasta esta tarde y sin hora la rueda de prensa "obedece, exclusivamente, al complejo examen jurídico previo de estas para su entrada en vigor en la orden que aprobará la Consejería de Sanidad" en las próximas horas. Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid están estudiando en estos momentos cómo limitar la movilidad en zonas concretas de la región y si es necesario o no un aval jurídico para ello.

Vox ha conseguido permiso para celebrar protestas contra el Gobierno en todas las provincias españolas y todas las miradas se dirigen a la no tan conocida vicesecretaria jurídica del partido

El abandono se produce en uno de los momentos más críticos del grupo de juego, que afronta próximas fechas de impagos, y una guerra accionarial sin cuartel entre los fundadores de la compañía, la familia Martínez Sampedro, con el 14% del capital, y los fondos, que controlan la mayoría del accionariado.

La consejera de Seguridad asume que muchas de las restricciones son un "no se debe" y no un "no se puede" y hasta el delegado del Gobierno alerta de la falta de claridad¿Qué se puede hacer en Euskadi y qué no desde este lunes en la fase 1?

El #covid19 ha alterado relaciones personales y profesionales. Ha modificado cómo vivimos y trabajamos. Por ello, resulta muy oportuno el post de Maria Pilar López Torralba sobre la asesoría jurídica de empresas en tiempos de la pandemia. Un esfuerzo de adaptación considerable y que se ha demostrado provechoso. Especialmente en empresas públicas.

Centrándonos en las ceremonias católicas, es cierto que muchos Obispos de forma prudente han optado porque éstas se celebren a puerta cerrada y en la medida de lo posible se retransmiten por televisión o Internet. Pero, jurídicamente, parece claro que la celebración de las mismas no está prohibida, si bien de celebrarse tendrán que respetarse algunas condiciones para prevenir el riesgo de contagio. A lo que habría que hacer dos puntualizaciones adicionales. La primera trae causa de la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo,...

La participación por vía telemática en el Consejo de Ministros creaba un escenario de eventual inseguridad jurídica, observaban desde el departamento de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, poniendo en riesgo los acuerdos que se adoptaran. Un escenario preocupante, tratándose de una reunión que debía formular una medida extrema como decretar el Estado de Alarma, que supone de facto la suspensión de derechos constitucionales. En el peor de los casos, podría abrir una brecha que convirtiera los acuerdos en recurrible.

Plataformas ultraconservadoras como Hazte Oír, con el apoyo de Vox, se manifestarán este sábado en la capital murciana a favor del 'pin parental'

Ciudadanos logra la presidencia de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que tramitará los suplicatorios de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Adrián Vázquez, que ha asumido su escaño el 1 de febrero, después del Brexit, sustituye a la liberal demócrata británica, Lucy Nethsingha, que ya ha hecho las maletas precisamente por el Brexit.

La cifra de analfabetos en España y en cualquier parte del mundo es engañosa. Se refiere a las personas que no saben leer ni escribir. Pero el analfabetismo puede entenderse también, en sentido amplio, como la incapacidad de comprensión de textos, manifestaciones culturales, cualquier área de la realidad, en fin, que requiera comprensión intelectual. A quien adolece de esta incapacidad se le llama analfabeto funcional.

Ya se había pronosticado que las derechas españolas pondrían en práctica una estrategia de "guerra jurídica" contra el nuevo Gobierno. No ha habido que esperar a la investidura. La "guerra jurídica" ha empezado ya. Y de la peor manera posible.

De un tiempo hacia acá, políticos mediante, se ha puesto en duda toda la regulación de los delitos sexuales tal y como, actualmente, la contempla el Código Penal. Se vende, desde la ignorancia o la manipulación, que la regulación de los delitos sexuales es deficitaria en España, dejando indefensas a las mujeres que son víctimas de tales conductas (obviando, por cierto, que muchas víctimas de delitos sexuales son hombres o menores de edad). Aquí voy a defender que no es necesaria esa profunda reforma, salvo, en mi opinión, en dos aspectos.

Esta orientación lleva prestándose 30 años a las personas más desfavorecidas y lo han recibido más de 400.000 desde su implantación.

Un conflicto por la creación de establos en la zona de Mayorca impulsa la consulta jurídica para saber si es legal el establecimiento de establos en dicha zona y cuales serían las leyes y caminos a seguir para mantener la convivencia y una calidad de vida respetable. Un abogado responde en base a las leyes y da orientación a quienes tengan alguna duda.