Pasadas las 00.30 horas de este miércoles, las autoridades han culminado el levantamiento del último de cuatro cadáveres que han sido encontrados en una vivienda situada en la Cuesta de Santa Leocadia, en el corazón del Casco Histórico de Toledo. El descubrimiento ha generado conmoción en la comunidad local. El último cuerpo, perteneciente a una mujer, se encontraba en un avanzado estado de descomposición, y las estimaciones iniciales sugieren que la fallecida había perdido la vida hace varios días.

Varios cooperativistas de Puerta de Leganés han recurrido ante los tribunales su expulsión. Al echarles, pierden el 30% de los ingresos que han puesto. Denuncian las formas de actuar del Consejo Rector y reclaman transparencia y que no engañen a más gente.

La vivienda se ha convertido en un bien casi tan inasequible como esencial. El precio de los inmuebles ha crecido a paso desmesurado en los últimos años y lo ha hecho a un ritmo más rápido que los salarios de los trabajadores, asfixiados por la inflación. Los hogares necesitan en el Reino de España de media 7,5 años de sueldo para poder comprar un piso, un esfuerzo que se ha duplicado con respecto a finales del siglo XX.

La vivienda de la que es única propietaria la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es a su vez la sede de una sociedad denominada ‘Ayuso Lahoz S.L.’, cuyo objeto social es el “comercio interior y exterior, explotación, distribución de aparatos y material fungible y consumibles de equipo médico”. Esta vivienda, de 90 metros cuadrados y situada en el barrio de Chamberí, uno de los más exclusivos de Madrid, fue una donación de sus padres a la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pese a la situación de inestabilidad económica actual, el precio de los alquileres sigue disparado y la oferta es mucho menor a la demanda, lo que dificulta que España pueda equiparase a otros países de la UE, pues faltarían unos 1,8 millones de piso en alquiler para ello. La nueva Ley de Vivienda impulsada por el Ejecutivo de Sánchez ha hecho tambalear el mercado, pues desde que en marzo se aprobase un tope en relación al IPC del 2%, ésta se ha ido extendiendo y durante 2024 la limitación del incremento anual del alquiler será del 3%.

Bruselas-Capital, con 4500 pisos vacíos, han decidido adoptar una iniciativa poco convencional: confiscar casas para luego arrendarlas. Sus problemas con la subida de precios, oferta menguante de pisos en alquiler asequible y "aguda crisis inmobiliaria", ha hecho resurgir una vieja herramienta de la que disponen sus municipios desde hace más de 10 años: Droit de Gestion Publique (DGP): "permite a un operador público gestionar viviendas desocupadas o insalubres para renovarlas y alquilarlas a precio reducido durante un periodo mínimo de 9 años".

Los grandes tenedores privados de vivienda en alquiler acumulan más de 110.000 casas en España, una cifra que supone cerca del 5% del mercado. con CaixaBank y Blackstone (que suma unas 20.000 viviendas en alquiler) a la cabeza. Lazora; Axa; Vivenio Residencial; Ares; Encasa Cibeles; Témpore; Cevasa; Cerberus; Stay; Liberbank; CAMI; Grupo Ortiz; Urban View o Sabadell, son algunos de los grandes caseros de España, aunque el mercado de la vivienda está conformado, en su mayoría, por un 80% de pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas.

Consuelo Cascales tomó posesión de su inmueble que tenía arrendado, tras llevarse a cabo el desalojo de la inquilina que la ocupaba y que le adeudaba el alquiler y los suministros. Tras recuperar su vivienda que inicialmente alquiló a una mujer senegalesa y sus hijos, pero por la que no cobraba ni el alquiler mensual ni los recibos de suministro desde hace más de año y medio, concretamente desde junio de 2022, lo que la llevó, en una situación desesperada, a protagonizar una huelga de hambre y hasta un intento de suicidio.

Entre los dos pisos suman más de 380 metros cuadrados en el centro de Madrid. ¿De quién es el ático que utiliza también la pareja? ¿Pagan un alquiler por él? ¿Cuánto han costados esos pisos? Estas son algunas de las preguntas sin responder después de que una querella de la Fiscalía haya revelado que la pareja de Ayuso defraudó a Hacienda más de 350.000 euros con una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

La falta de inmuebles disponibles para alquilar, e incluso comprar, marcan el acceso al mercado de la vivienda de las generaciones que están en el momento vital de emanciparse. Arrendar casas en el rural, retrasar la emancipación o viviendas prefabricadas son algunas de las opciones por las que se decantan. "Aquí hay mucha variedad de pisos, pero de septiembre a mayo, porque después en verano lo alquilan para vacaciones y te tienes que ir". El otro gran factor limitante son las casas que han sido abandonadas y no reúnen las condiciones mínimas.

Una de las estrategias pasaría por un aumento de la proporción de viviendas impulsadas por el Estado para ponerlas luego en alquiler o la venta con un enfoque social. De forma que haya un nuevo modelo con vivienda impulsada por el Estado a precios asequibles. "Quienes cometan actos que perjudiquen los intereses de las masas serán investigados con determinación y castigados de acuerdo con la ley". "Se les hará pagar el precio debido". La frase es del ministro chino de Vivienda dirigida a los promotores inmobiliarios.

El PSOE ignora el golpe en la mesa que dio Sumar en materia de vivienda y desoye la petición de su socio minoritario de Gobierno para negociar algunos aspectos del Índice de Precios de Alquiler, que se ha publicado este viernes en el BOE sin incluir ninguno de los cambios propuestos.

Si en 2019 el sector anticipaba el techo de los precios y un cambio en la tendencia a la baja en el residencial de alto standing, lo cierto es que tras la pandemia, ha experimentado un auténtico boom que ha disparado los precios, provocando la llegada de un cliente con un elevado poder adquisitivo —fundamentalmente latinoamericano— que ha expulsado al rico nacional del barrio de Salamanca y que ha provocado, asimismo, un cambio en el concepto de lujo del mercado.

Más Madrid presenta un informe en el que retrata la tensión en el mercado inmobiliario en la capital y pide medidas para rebajar la tensión en los precios.

El ayuntamiento ha sancionado al Grupo La Finca por derribar ejemplares protegidos en la ampliación del nuevo proyecto residencial que está llevando a cabo en el municipio