Bruselas-Capital, con 4500 pisos vacíos, han decidido adoptar una iniciativa poco convencional: confiscar casas para luego arrendarlas. Sus problemas con la subida de precios, oferta menguante de pisos en alquiler asequible y "aguda crisis inmobiliaria", ha hecho resurgir una vieja herramienta de la que disponen sus municipios desde hace más de 10 años: Droit de Gestion Publique (DGP): "permite a un operador público gestionar viviendas desocupadas o insalubres para renovarlas y alquilarlas a precio reducido durante un periodo mínimo de 9 años".
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