Trinidad Avilés llevaba afiliada a UGT desde 1978, y trabajaba en la organización desde 2005. Lo inusual venía del lado de quién figuraba como empleador en su vida laboral: a veces era el sindicato, a veces era una empresa de Pontevedra, otras, un bufete domiciliado en Madrid. En los últimos diez años de relación laboral, la empleaba la cadena de supermercados Eroski, aunque ella siempre acudiese a la oficina de UGT en Palma. Cuando el pasado febrero pidió regularizar su situación fue despedida.

La orden del Ministerio para la Transición Ecológica de ordena la demolición del hotel RIU Oliva Beach en Fuerteventura sigue generando reacciones. El sindicato UGT rechaza la decisión. El vicesecretario general en Canarias asegura que "siempre nos hemos posicionado en el no al derribo" ya que "son 400 familias" el Ministerio "no ha sido sensible" ya que el hotel se sitúa "en el norte de Fuerteventura, donde mucho más no hay para trabajar" y "los compañeros tendría que ir al sur" por lo que esperan que el ministro Ángel Víctor Torres lo evite

Silvia Intxaurrondo es uno de los rostros informativos más potentes de la televisión pública actual. La vasca presenta de lunes a viernes el matinal 'La hora de La 1' junto a Marc Sala y también acaba de ponerse al frente de ‘El mejor de la historia’, versión española del formato de la BBC '100 greats britons'. La presentadora conducirá y moderará una conferencia sobre el presente y futuro de la radio televisión pública, que ha provocado que sea señalada por el ala radical de RTVE.

En Argentina, el presidente Javier Milei está enfrentado a los gobernadores de las diversas provincias del país. El apoyo de la oposición moderada por la que apostaba Milei para impulsar sus ajustes económicos no se concretó. Como respuesta a lo que considera una traición, Milei ha intensificado los recortes de fondos destinados a estas provincias, lo que afecta áreas críticas como los subsidios al transporte urbano.

El Gobierno andaluz choca con UGT y CCOO a pesar de su buena relación por el plan contra la burocracia. La izquierda irá al Constitucional si la Junta no tramita el texto como una ley y cambia por decreto hasta 178 normas. Antonio Sanz confió en que la eliminación de tareas que quedan en manos de los funcionarios de la Junta servirá para que dediquen más tiempo a esta labor de certificación, aunque el Gobierno andaluz apuesta por aumentar la presencia de las "entidades certificadoras"

Las subvenciones millonarias que la Junta de Andalucía le concedió a la federación andaluza de UGT para que impartiera cursos de formación a los parados sirvieron para costear sobresueldos, para abonar viajes a Costa Rica y Dublín a dirigentes del sindicato y hasta para el alquiler de la caseta del sindicato en la Feria de Abril. Así ha quedado de manifiesto en el juicio que se está celebrando en Sevilla por supuesto fraude de 40,7 millones con subvenciones de la Junta que el sindicato utilizó, presuntamente, para financiarse de forma irregular

Roberto Macías era administrativo en UGT Andalucía. Mexicano, vino a España en 2004. Cuenta que UGT aplicó un ERE "con la misma reforma laboral por la que convocaron una huelga general". Se veía en la calle. Robó un USB con la contabilidad que ha desembocado en el caso de facturas falsas que se enjuicia desde este lunes, por el que el sindicato está acusado de un desvío de 40 millones. Solo hay un condenado : el propio Macías, por filtrar la documentación a la prensa. "Estoy señalado, no puedo trabajar, solo tengo una ayuda de 369 euros"

La Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid ha exigido a la Administración autonómica una solución que garantice el acceso a prácticas de los alumnos de Formación Profesional de la rama sanitaria, al tiempo que ha trasladado su apoyo a las movilizaciones que el colectivo FP sin prácticas ha convocado esta semana. Relacionada www.meneame.net/m/actualidad/titulacion-cientos-estudiantes-fp-riesgo-

Una nueva macrocausa que llega a juicio con un importante retraso de más de una década. La Audiencia de Sevilla tiene previsto iniciar este lunes, 29 de enero, el juicio por el escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT-A, que sienta en el banquillo de los acusados a la ex cúpula de la organización sindical en Andalucía y en el que el sindicato está citado como responsable civil subsidiario por la totalidad de las cuantías supuestamente defraudadas: más de 40 millones de euros, en concreto 40.750,047,74 euros.

CCOO ha recordado que con el nuevo Real decreto de 2023, en el caso de que se produzcan cierres de centro de trabajo la empresa debe de realizar la comunicación a la autoridad laboral con al menos seis meses de antelación hasta que se produzca la constitución de la mesa negociadora, enviando copia a los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico. Tras los procesos de movilización del año pasado para exigir mejoras salariales en España y el acuerdo al que se llegó, CCOO cree que esta medida es "demasiado agresiva" y que se...

La concesión directa se realizó con fondos europeos para la digitalización del mercado laboral. La norma anulada argumentaba la excepcionalidad de la pandemia, aunque el decreto se aprobó en diciembre de 2022. [...] El Supremo sostiene que, “aunque pueda ser notorio que ambas organizaciones empresariales y la organización sindical beneficiarias de la subvención son representativas constituyendo interlocutores sociales, también lo es que no son los únicos interlocutores, por lo que la atribución de posición única carece de justificación”.