Los paywalls, aunque son esenciales para asegurar la viabilidad financiera de las publicaciones, impiden que el público acceda a información precisa y verificable.Esta barrera lleva a las personas a buscar alternativas gratuitas, que a menudo están plagadas de desinformación y no cumplen con los estándares periodísticos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

Augas de Galicia comunica que retira el permiso de vertido a la empresa que quería volver a explotar el yacimiento de San Finx por no construir la depuradora de aguas residuales que se le exigía.La Xunta le ha retirado el permiso de vertido a la empresa que pretendía volver a explotar la mina de San Finx, ubicada en el municipio coruñés de Lousame, a siete kilómetros por encima de la ría de Muros e Noia.

"La competencia debe ejercerse sin abusos ni saqueo de los contenidos producidos por otros", señala el texto del acuerdo, y exige a los firmantes no reutilizar un contenido publicado por otro medio antes de 24 horas a partir de la primera publicación, limitar la reutilización a un volumen máximo del 25% del volumen del artículo original, y no reutilizar más de dos temas por día en promedio, durante una semana, del mismo medio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo en Chile que “no puede hablar” del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque está “judicializado”, ha considerado que el debate político está “desequilibrado” porque se están publicando datos de un particular y ha reiterado que se están utilizando “todos los poderes del Estado” contra ella, “pero no es mi Gobierno”, ha defendido “y no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”.

La libertad de prensa y el derecho a la información son pilares fundamentales en una sociedad democrática. Resulta intolerable que desde el poder político se intente coaccionar o señalar a medios de comunicación y profesionales concretos. El capítulo protagonizado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intimidando a una periodista de elDiario.es o manipulando un supuesto acoso al domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un precedente funesto de hasta qué extremo se han normalizado las presiones.

El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. El acuerdo obliga a España a legislar contra la utilización de los tribunales para callar a la prensa, pero sólo si son transfronterizas. Queda en manos de cada país aplicar el mismo principio sin salir de sus fronteras para salvaguardar la crítica y la participación activa.

Entre esos mensajes a través de Whatsapp, Miguel Ángel Rodríguez escribió: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. “¿Es una amenaza?”, preguntó nuestra periodista. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez.

Cómo María Jesús Montero pudo anticiparse a las informaciones de dos medios de comunicación que apuntaban a que Isabel Díaz Ayuso vive en un piso "pagado con comisiones" percibidas por su pareja, Alberto González Amador, solo puede explicarse por la condición de ministra de Hacienda de la también vicesecretaria general del PSOE. Unas declaraciones públicas efectuadas por Montero pasadas las cinco de la tarde de este pasado martes señalaban que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado por un presunto fraude fiscal...

Isabel Díaz Ayuso ha hecho pública su preocupación por una "inspección fiscal salvaje" que está afectando a su pareja. Según sus palabras, "hasta donde sé", Hacienda está retrasando el pago de casi 600.000 euros que le debe a su pareja. Además, ha desmentido rotundamente que él sea el responsable de una deuda de 350.000 euros por fraude. Según Ayuso, se trata de una "inspección de Hacienda sacada de quicio" y niega la existencia de cualquier trama en este asunto.

Inversiones Empresariales Ebro, cuyo empresario al frente es pariente directo del fundador de Escuela y Despensa —entidad que interpuso el contencioso contra el CSC Luis Buñuel—, anuncia acciones legales contra AraInfo y dos de sus periodistas. También contra el concejal de ZeC, Suso Domínguez. Esta denuncia se produce como reacción a las informaciones publicadas en este Diario Libre sobre dos subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a esta empresa. Desde AraInfo consideramos esta acción como un intento de amedrentarnos y silencia

"Estimados vecinos, por favor, para una mejor convivencia, se rogaría respeto y que no alcen la voz demasiado, muchas voces, discusiones...", comienza educadamente el escrito, pidiendo a los vecinos que no griten demasiado. Continúa la nota rogando que no se ensaye ni practique canto u ópera ya que incomoda el tiempo de descanso de los vecinos en horas a las que la gente quiere descansar. "Por favor, no practicar ópera, gracias", pide un vecino escribiendo a bolígrafo sobre la nota.

Un hombre ha lanzado un puñetazo a la cámara de laSexta mientras la reportera María Lamela informaba de sus reivindicaciones frente a la sede del Ministerio de Agricultura de la capital. Mientras tanto, varios agricultores han increpado al equipo de laSexta.

Ha licitado un contrato de dos años para que una empresa le suministre diarios nacionales e internacionales y muros de pago de digitales. La impuntualidad será penalizada con descuentos.

El 20 de febrero se convocan manifestaciones en protesta por la extradicion de Assange

Un informe de Salvamento Marítimo --entidad dependiente del Gobierno central-- que registra los movimientos de buques y medios aéreos en la costa gallega afirma que la Xunta movilizó menos medios de los que notificó públicamente, a diario, en sus notas de prensa y en las declaraciones de la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, en el operativo de búsqueda de pélets procedentes del buque 'Toconao' que llegaron a las costas gallegas.