Un hombre telefoneó esta semana a dos centros educativos de la capital arousana. Las dos llamadas telefónicas seguían el mismo patrón. Una voz de hombre adulto preguntó por cada una de las alumnas, a quienes se refirió utilizando sus nombres y apellidos. Algo que puede indicar que su autor conoce a las adolescentes. O, simplemente, que ha podido acceder a sus redes sociales. La Policía Nacional peina ahora sus perfiles, rastreando cualquier indicio que conduzca a los agentes hasta el autor de ambos intentos de suplantación.

El acusado, estaba con su pareja y otras personas consumiendo bebidas alcohólicas cuando se originó una disputa con una tercera persona que, al parecer, estaba molestando a su compañera. Con el fin de mediar, intervino la víctima, que estaba igualmente con su mujer en el mismo jardín, y que le cogió e intentó alejar del lugar, lo que provocó la ira del acusado, que le propinó puñetazos por todo el cuerpo y la cara. Uno de ellos le alcanzó en el ojo y le provocó un estallido del globo ocular.

Ayer 5 de agosto y después de comulgar, abrió los ojos y vio: “He llorado y he dado gracias a Dios y a todos. He visto a mis amigas que están un poco cambiadas, ¡igual que yo!”.

Se acabó tener que pedir cita previa para realizar algún trámite. El Govern ha anunciado hoy que eliminan la obligatoriedad instaurada en varios servicios durante la pandemia de coronavirus. Ahora se podrá acudir directamente a la administración sin tener que agendar una visita previamente para ser atendidos. Otra de las medidas anunciadas es la gratuidad del teléfono de información ciudadana 012 de la Generalitat, que asumirá el coste del servicio, entorno a los 1,2 millones de euros. El 061 se mantiene de pago porque es competencia del Estado

El guarda de seguridad para los pies a todo aquel que quiera acceder al edificio sin cita previa e informa de lo que sabe como buenamente puede. En la oficina del Instituto de la seguridad Social (INSS) de Torrent (donde se realizan las imágenes de este reportaje) o en cualquier otra de la Comunitat Valenciana o de otra autonomía. El servicio es estatal y la orden de impedir la entrada libre al edificio, también lo es.

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal con ramificaciones en Barcelona y Tarragona que bloqueaba el sistema de citas online de Extranjería mediante un bot informático. Gracias a este sistema automatizado conseguía las citas disponibles para revenderlas posteriormente , a pesar de ser un trámite gratuito. Casi un centenar de personas involucradas en la organización, 69 de las cuales han sido arrestadas.

Los ciudadanos extranjeros se veían obligados muchas veces a pagar entre 30 y 200 euros por una cita

Mapeamos con un robot el acceso a la Seguridad Social buscando cita tres veces al día durante dos semanas: en 43 de las 414 oficinas abiertas no había ninguna para gestionar pensiones, la cifra sube a 63 de 394 para IMV. Y, cuando sí la hay, la mitad de veces es para, como mínimo, dos semanas más tarde. En 43 de las 414 oficinas abiertas de la Seguridad Social fue imposible encontrar cita durante esos 14 días para gestionar pensiones, la cifra sube a 63 de 394 cuando hablamos del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

El 22 de marzo del 2022, Djack, solicitante de asilo en España, sufrió una perforación ocular en Melilla por la que fue operado de urgencia. El joven de 18 años ha registrado una denuncia en los tribunales melillenses.

El titular del Ejecutivo gallego señaló que durante el covid pudo ser necesario aplicar con «toda a intensidade» la cita previa obligatoria, pero «non tiña sentido mantela».

Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario. Partiendo de la norma suprema, la Constitución, esta obliga a la Administración a servir con objetividad a los intereses generales. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, «el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización.