El socio de KPMG Francisco Muñoz Neira, que ha declarado en calidad de testigo en el juicio en la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ha apuntado directamente contra los exdirectivos de la malograda entidad, que a su juicio podrían haber ocultado aspectos relacionados con diferentes operaciones.

El organismo autonómico ha notificado a los responsables de esta empresa pública que iniciará próximamente una auditoría sobre las cuentas que presentó la televisión pública entre 2008 y 2015. En ese período, se firmaron los polémicos contratos de explotación de los derechos de imagen del Atlético de Madrid y del Getafe C.F., por valor de 300 millones de euros. También se analizará elExpediente de Regulación de Empleo (ERE) que aprobó en enero de 2013 el consejo de administración de la cadena..

Arturo Canalda, citado como testigo en ‘Gürtel’, dirigía el Canal cuando empezaron las compras extranjeras. En 2001, Canalda deja de asesorar a ministros y se convierte en director gerente del Canal de Isabel II, donde reside dos años y cuatro meses, hasta mayo de 2003. Esta época es relevante porque es durante su mandato cuando se crea, en diciembre de 2001, Canal Extensia, la sociedad mercantil con la que la empresa pública de aguas de Madrid empezó a comprar empresas en el extranjero. La primera, Inassa, una empresa colombiana con..

En 2011, la Junta intentó contener su déficit con la venta y posterior alquiler de 75 sedes. Los inmuebles tardaron cuatro años en adjudicarse y lo hicieron por menos de la mitad del precio inicial. Un informe de la Cámara de Cuentas revela las perdidas de la operación.

Agujero de 1.400 millones de euros: La última hora en corrupción en la Junta de Andalucía. Relacionadas: www.meneame.net/m/actualidad/venta-ilegal-bienes-gobierno-andaluz-nuev www.meneame.net/story/gobierno-andaluz-detecta-agujero-143-millones-ay www.meneame.net/story/camara-cuentas-descubre-agujero-oculto-finanzas- www.meneame.net/story/alto-cargo-junta-cesado-susana-diaz-destapa-nuev www.meneame.net/story/agujeros-negros-cuentas-andaluzas

Horario: El Tribunal de Cuentas vigilará con cámaras a sus 562 trabajadores para evitar trenecitos. El órgano fiscalizador ha obtenido el aval de la Agencia de Protección de Datos para usar sus cámaras de vigilancia en el control del horario de sus empleados. Los sindicatos se oponen.

Las cuentas públicas de Andalucía del año 2014 escondían más números rojos de los que declaró el gobierno de Susana Díaz. En concreto 779 millones de euros de deuda que ha descubierto ahora la Cámara de Cuentas autonómica al fiscalizar aquel ejercicio del entramado de agencias que dependen de la Junta andaluza.

La Cámara de Cuentas madrileña confirma que toda esta trama se ha destapado a través de la detección de una serie de facturas falsas. El primer caso analizado tiene por concepto "compensación Seguridad Social" y asciende a "1.092 euros mensuales", concepto que la cámara califica como "cuestionable".

Un informe defiende que la M-30 es una vía pública “que no tiene contenido económico susceptible de ser explotado por particulares” y remarca la "discrepancia" sobre quién tiene que pagar el suministro eléctrico. Calle 30 es una empresa mixta creada en tiempos del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) para asumir las obras de soterramiento:el Ayuntamiento de Madrid posee el 80% de las acciones y el 20% restante pertenece a Emesa (Empresa de Mantenimiento y Explotación S.A), integrada porFerrovial, Dragados y API Conservación..

Los pagos a la sociedad mixta que gestiona la infraestructura "no se basan en un estudio de viabilidad sino en garantizar a las constructoras un beneficio del 7%", concluye el dictamenEl organismo fiscalizador aconseja al Ayuntamiento modificar el contrato de privatización y asumir directamente la conservación de la obra.

Cinco de los seis centros que Ignacio González planeaba privatizar enviaron sus balances a la Cámara de Cuentas sin firmar o con la firma de otro responsable distinto al que marca la ley.

Entre 2009 y 2015 la empresa pública del agua ha adjudicado más de 2.800 contratos de los que solo se han auditado 20. Muchos de ellos están bajo la lupa de la UCO en el caso Púnica.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, órgano fiscalizador del dinero público de la región, ha puesto objeciones a que Ciudadanos incluya un gasto de 2.700 euros de las habitaciones de los hoteles de sus líderes durante la noche electoral de las últimas autonómicas de mayo. La Cámara ha considerado que los gastos "no son propios de la campaña, ya que se producen una vez finalizada ésta, ni tampoco son necesarios e inherentes al proceso electoral, ya que se trata de alojamientos en la propia ciudad de Madrid para los candidatos a la Asa

El presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad asegura que notificó hasta en 14 ocasiones a la Asamblea de Madrid y al antiguo Gobierno que la sociedad gestora del proyecto megalómano no presentaba sus cuentas en los plazos legales(..) el Gobierno de Aguirre inyectó 8,2 millones de euros de dinero público a la sociedad mercantil Campus de Justicia S.A. en 2012, a pesar de que había decidido su disolución en 2011.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, órgano fiscalizador del dinero público de la región, ha aprobado un informe sobre el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en el que destaca que una empresa privada gestiona las viviendas municipales d

Navalcarnero, gobernada desde 1995 por Baltasar Santos (PP), “no cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, ni la norma del gasto, ni el periodo medio de pago a proveedores ni el objetivo de deuda pública”, según un demoledor informe de la Cámara de Cuentas. El organismo fiscalizador destaca cómo, solo en 2012, el Ayuntamiento tuvo, según sus cálculos, un resultado negativo superior a los 54,8 millones de euros. Una cifra muy por debajo de los cálculos de la Cámara, que calcula unos números rojos por encima de los 97,8 Millones.

Los dos primeros años de legislatura del PP en la Comunidad de Madrid fueron 'fatales' para la Sanidad pública, que perdió uno de cada cinco trabajadores entre 2011 y 2013. Así lo revela un informe de la Cámara de Cuentas, en el que se pone de manifiesto el recorte presupuestario del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en el capítulo destinado a los gastos de personal. Este apartado representa el 40% del total del presupuesto sanitario, y ha venido sufriendo una reducción interanual del 3%, lo que ha influido directamente en las plantillas.

PSOE y PP cierran un último reparto de sillones en Andalucía antes de las elecciones Los grandes partidos pactan renovar sus cargos en la Cámara de Cuentas y bloquearán la entrada de nuevos partidos en este órgano hasta finales de 2017. Recordamos que la función de esta cámara es fiscalizar la financiación de los partidos políticos. IU, con solo un consejero, se ha opuesto a esta maniobra a considerarla como "ilegalidad".

El Gobierno andaluz no gana para sustos. El último acaba de dárselo este viernes la Cámara de Cuentas de Andalucía al afirmar no irregularidades, pero sí significativas deficiencias administrativas en la ejecución del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. Dicho plan ha adolecido de “falta de coordinación, seguimiento y control, así como de continuidad en la gestión de las ayudas concedidas”, según un informe del ente fiscalizador, donde apunta que a septiembre de 2013, existen 138,5 millones pendientes de justificar

La Junta a estas alturas puede clamar cuanto quiera, retorcer argumentos o invocar sus fantasmas familiares, pero los palos de esa nada sospechosa Cámara de Cuentas resultan, en última y fundamental instancia, demoledores: “Un agujero de 48’8 millones de euros en subvenciones sin justificar, retrasos de dos años para comprobar las justificaciones de los beneficiarios y hasta un 89 por ciento de ayudas para la formación concedidas durante un año sin ningún tipo de control”. ¡Es la Cámara de Cuentas la que lo dice, oigan, no la canallesca!

CCOO entiende que existe una vulneración de la libertad sindical en su vertiente del derecho a la negociación colectiva, así como incumplimiento del artículo 37.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y que se produce por una decisión unilateral de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, que otorgó un incremento salarial a determinado personal funcionario -curiosamente los de más alto nivel- sin haber procedido previamente a, tan siquiera, reunirse con las organizaciones sindicales.

"La grabación capta como tras recibir una primera embestida la narcolancha se aleja, regresando a gran velocidad pasando por encima de la embarcación oficial". En ese momento, "el audio recoge las voces de los guardias civiles tratando de socorrer a uno de ellos, que ya no responde, a otro que presenta una herida muy sangrante según sus propias palabras y como se percatan de la ausencia de otro Guardia Civil que debido al brutal ataque cayó al agua siendo rescatado minutos después sin vida".

Declaraciones del diputado y portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, quien ha calificado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "novio de la muerte" porque, según ha señalado mientras "el clan ayuso se llenaba los bolsillos con la venta de material sanitario, más de 5.000 personas murieron siendo abandonadas a su suerte en lo peor de la pandemia", en referencia a los fallecidos en residencias.

El conflicto por la ley de amnistía se eleva un escalón más. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que su formación elevará a la Mesa de la Cámara Alta, en la que tienen mayoría absoluta, un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía. Se trata del primer conflicto institucional en la historia de la democracia española.

La Policía Foral de Navarra investiga a un profesor de instituto por, presuntamente, grabar mujeres colocando cámaras escondidas en los lavabos del centro educativo donde trabajaba, además de hacerlo también en algunos probadores de tiendas de la Comarca de Pamplona. Los hechos salieron a la luz después de que el pasado mes de octubre, una mujer denunciara a la Policía Local de su municipio que le parecía que a su vecino la estaba espiando y grabando.

Los exámenes que ha venido realizando el Tribunal de Cuentas a los contratos de emergencia suscritos por el Gobierno en los años de la pandemia del coronavirus revelaron retrasos en los plazos de ejecución, que afectaron a uno de cada cinco firmados, y empresas que coparon buena parte de las adjudicaciones, aunque no hace públicos sus nombres.