El magistrado afirma que la ampliación de capital de 2016 se llevó a cabo gracias a la “colaboración” de los auditores al validar una imagen del banco “irreal”. Así, da por acreditado que la información que se emitió al mercado estaba “conscientemente alterada” al no reflejar determinadas provisiones, que “habrían arrojado como mínimo 2.500 millones de pérdidas, en vez de los beneficios declarados”.
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