Albert López, condenado a 20 años de cárcel por el llamado 'crimen de la Guardia Urbana', ha reconocido ahora, en el marco del tratamiento individual de reinserción que está siguiendo en prisión, que cometió el asesinato, lo que le facilitaría obtener permisos penitenciarios. Según ha avanzado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, el reconocimiento de los hechos es una cuestión clave que las juntas de tratamiento de las prisiones tienen en cuenta para otorgar permisos.

Los paywalls, aunque son esenciales para asegurar la viabilidad financiera de las publicaciones, impiden que el público acceda a información precisa y verificable.Esta barrera lleva a las personas a buscar alternativas gratuitas, que a menudo están plagadas de desinformación y no cumplen con los estándares periodísticos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

"La competencia debe ejercerse sin abusos ni saqueo de los contenidos producidos por otros", señala el texto del acuerdo, y exige a los firmantes no reutilizar un contenido publicado por otro medio antes de 24 horas a partir de la primera publicación, limitar la reutilización a un volumen máximo del 25% del volumen del artículo original, y no reutilizar más de dos temas por día en promedio, durante una semana, del mismo medio.

Fruto de la investigación, los agentes comprobaron cómo los sospechosos grababan con sus teléfonos móviles a conocidos a los que les introducían pequeñas cantidades de esta sustancia estupefaciente, a través de las fosas nasales mientras dormían, sin que fuesen conscientes de ello y con el consiguiente riesgo para su salud. Esta operación concluyó con la detención de un varón, una mujer y su hijo menor de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo en Chile que “no puede hablar” del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque está “judicializado”, ha considerado que el debate político está “desequilibrado” porque se están publicando datos de un particular y ha reiterado que se están utilizando “todos los poderes del Estado” contra ella, “pero no es mi Gobierno”, ha defendido “y no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”.

La libertad de prensa y el derecho a la información son pilares fundamentales en una sociedad democrática. Resulta intolerable que desde el poder político se intente coaccionar o señalar a medios de comunicación y profesionales concretos. El capítulo protagonizado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intimidando a una periodista de elDiario.es o manipulando un supuesto acoso al domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un precedente funesto de hasta qué extremo se han normalizado las presiones.

El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. El acuerdo obliga a España a legislar contra la utilización de los tribunales para callar a la prensa, pero sólo si son transfronterizas. Queda en manos de cada país aplicar el mismo principio sin salir de sus fronteras para salvaguardar la crítica y la participación activa.

Entre esos mensajes a través de Whatsapp, Miguel Ángel Rodríguez escribió: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. “¿Es una amenaza?”, preguntó nuestra periodista. “Es un anuncio”, respondió Rodríguez.

Cómo María Jesús Montero pudo anticiparse a las informaciones de dos medios de comunicación que apuntaban a que Isabel Díaz Ayuso vive en un piso "pagado con comisiones" percibidas por su pareja, Alberto González Amador, solo puede explicarse por la condición de ministra de Hacienda de la también vicesecretaria general del PSOE. Unas declaraciones públicas efectuadas por Montero pasadas las cinco de la tarde de este pasado martes señalaban que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, investigado por un presunto fraude fiscal...

Isabel Díaz Ayuso ha hecho pública su preocupación por una "inspección fiscal salvaje" que está afectando a su pareja. Según sus palabras, "hasta donde sé", Hacienda está retrasando el pago de casi 600.000 euros que le debe a su pareja. Además, ha desmentido rotundamente que él sea el responsable de una deuda de 350.000 euros por fraude. Según Ayuso, se trata de una "inspección de Hacienda sacada de quicio" y niega la existencia de cualquier trama en este asunto.

La reconversión del mítico Corazón -media hora de información rosa con Anne Igartiburu dando paso a vídeo- en un magacín con dos presentadores -se ha sumado Jordi González- y varios colaboradores -Terelu Campos, Alba Carrillo o Carmen Lomana- ha sido una de las apuestas fallidas de TVE en los últimos meses. Buena prueba de ello es que el programa ha hundido a la tercera posición el Telediario de las 15.00 de los fines de semana... Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/gasta-rtve-mil-millones-famoseo-productor

Once palabras y una damnificada que no pudo recuperarse 100% del impacto que supuso tal afirmación tras el rechazo y acoso por parte de los medios de comunicación que creyeron la información publicada por Rosa Villacastín. "Su vida ya estaba rota, la tenía arruinada desde el principio. Yo publiqué, pero porque tenía documentación y a un catedrático de medicina que me aseguraba que tenía SIDA. En aquel momento desgraciadamente, el SIDA se había extendido. Así que no me extrañaba que pudiera haberse contagiado", indicaba Villacastín