El presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos: "Los periodistas de Gaza han seguido haciendo su trabajo como testigos de la carnicería que les rodea"

El comité intercentros de la TVG celebra que lo haga tras seis años de 'Venres Negros', represalias y ostracismo contra los trabajadores críticos y le a anima a empezar esa lucha por los medios públicos gallegos, en los que no se cumple la ley desde 2012

No solo España estaba pendiente de la decisión de su presidente. Los principales medios internacionales se han hecho eco esta mañana del anuncio de Pedro Sánchez, quien, tras cinco días de “reflexión” en los que se planteó dimitir por el “acoso” y denuncias contra su esposa, ha comunicado a la ciudadanía que continuará como presidente del Gobierno.

La Sala de la Penal destacó, al archivar una querella contra Marlaska, que el juez "debe decretar la inadmisión de la querella cuando no se ofrecen datos o elementos fácticos, no sirviendo a este efecto la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación"

La querella del pseudosindicato ultra Manos Limpias que ha servido a un juez de Madrid para abrir una investigación a Begoña Gómez son siete folios ocupados en su mayoría por recortes de ocho informaciones publicadas, incluido el bulo publicado por The Objective en el que se atribuía una subvención a la esposa del presidente del Gobierno cuando en realidad se trataba de otra persona con el mismo nombre.

Albert López, condenado a 20 años de cárcel por el llamado 'crimen de la Guardia Urbana', ha reconocido ahora, en el marco del tratamiento individual de reinserción que está siguiendo en prisión, que cometió el asesinato, lo que le facilitaría obtener permisos penitenciarios. Según ha avanzado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, el reconocimiento de los hechos es una cuestión clave que las juntas de tratamiento de las prisiones tienen en cuenta para otorgar permisos.

Los paywalls, aunque son esenciales para asegurar la viabilidad financiera de las publicaciones, impiden que el público acceda a información precisa y verificable.Esta barrera lleva a las personas a buscar alternativas gratuitas, que a menudo están plagadas de desinformación y no cumplen con los estándares periodísticos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

"La competencia debe ejercerse sin abusos ni saqueo de los contenidos producidos por otros", señala el texto del acuerdo, y exige a los firmantes no reutilizar un contenido publicado por otro medio antes de 24 horas a partir de la primera publicación, limitar la reutilización a un volumen máximo del 25% del volumen del artículo original, y no reutilizar más de dos temas por día en promedio, durante una semana, del mismo medio.

Fruto de la investigación, los agentes comprobaron cómo los sospechosos grababan con sus teléfonos móviles a conocidos a los que les introducían pequeñas cantidades de esta sustancia estupefaciente, a través de las fosas nasales mientras dormían, sin que fuesen conscientes de ello y con el consiguiente riesgo para su salud. Esta operación concluyó con la detención de un varón, una mujer y su hijo menor de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo en Chile que “no puede hablar” del caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque está “judicializado”, ha considerado que el debate político está “desequilibrado” porque se están publicando datos de un particular y ha reiterado que se están utilizando “todos los poderes del Estado” contra ella, “pero no es mi Gobierno”, ha defendido “y no tiene nada que ver con la gestión que estamos realizando”.

La libertad de prensa y el derecho a la información son pilares fundamentales en una sociedad democrática. Resulta intolerable que desde el poder político se intente coaccionar o señalar a medios de comunicación y profesionales concretos. El capítulo protagonizado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, intimidando a una periodista de elDiario.es o manipulando un supuesto acoso al domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid es un precedente funesto de hasta qué extremo se han normalizado las presiones.

El problema viene de lejos y los ejemplos abundan. Entidades poderosas, con enormes recursos financieros, demandan sin fundamento a medios de comunicación independientes, ONG o incluso académicos y les exigen sumas astronómicas de dinero con el único fin de amedrentarles. El acuerdo obliga a España a legislar contra la utilización de los tribunales para callar a la prensa, pero sólo si son transfronterizas. Queda en manos de cada país aplicar el mismo principio sin salir de sus fronteras para salvaguardar la crítica y la participación activa.