La Audiencia Provincial les impuso penas de un año de cárcel y la inhabilitación a cada uno de los encausados además de multas. Los agentes «de acuerdo entre sí, con la intención de ofender la dignidad de los extranjeros inmigrantes, humillando de palabra y obra» a esta persona, se dirigieron a él increpándole con expresiones tales como: «¿Tú qué haces en mi isla?», o «sudaca de mierda», a uno de los denunciantes que era argentino.También se refirieron a otro de los componentes de este grupo como "moro" en tono despectivo.

La iniciativa surge tras comprobar que uno de los cursos contratados en el mes de abril por valor de 23.500 euros fue tramitado de forma «dudosa» y que el coordinador-tutor habría sido, presuntamente, investigado por Interpol por sus vínculos con la extrema derecha. «el Ayuntamiento no va a pagar ninguna factura sobre la que existan dudas o cuya tramitación no haya seguido los cauces normativos estipulados».

En la sentencia, el juez considera acreditado que la jefa de la Policía Local "ha sido objeto de una conducta de acoso por parte del demandado, incluso apoyada por el señor Alcalde con algunos actos, que en vez de proteger la salud de la trabajadora cuando presentó la denuncia por acoso, realizó manifestaciones públicamente, que afectan a la dignidad de la trabajadora", recoge literalmente el auto. Deberán pagar, de manera solidaria, una indemnización de 30.000 euros.

Desde hace al menos dos años, gestionaba trasteros y locales comerciales sin luz ni ventilación para, de forma fraudulenta, alquilarlos como infraviviendas a migrantes a quienes cobraba ilícitamente entre 300 y 750 euros al mes. En total, el funcionario gestionaba 73 habitáculos en los que las víctimas residían en graves condiciones de insalubridad. Los investigadores comprobaron que muchos de ellos carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de 'vivienda' de unos ocho a 15 metros cuadrados.

El agente ya protagonizó un hecho similar al chocar con su moto contra un coche el pasado abril en La Manjoya. Prado ha lamentado este «hecho desagradable» y ha señalado que el agente detenido «cometió un error como cualquier otro ciudadano. Que en su vida laboral sea policía, es algo que me preocupa»

Rechaza el incidente de inejecución que planteó el Ayuntamiento de Sevilla y los que presentaron las defensas de los agentes "La merma de la seguridad pública no puede conllevar la imposibilidad de ejecución" porque debe velarse por los "principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", concluye la magistrada.

Sale de trabajar y no encuentra su coche. Se lo ha llevado la grúa por tener la tarjeta de minusválido caducada. Al recoger el coche los policías no conocen la norma.

Al menos una semana antes de celebrarse la prueba ya circuló una lista con los comisarios que iban a aprobar, presuntamente, y poco después, cuando efectivamente se hizo la prueba y se corrigieron los exámenes, resulta que los nombres y apellidos, y el orden de resultado final de esta falsa Orden coincidieron todalmente con la decisión del jurado.

La Policía Nacional detuvo el pasado domingo al exjefe de la Policía Local del municipio cordobés de Benamejí por la supuesta comisión de un delito de violencia de género y ha sido además arrestado en las últimas semanas en otras dos ocasiones, el 29 de septiembre y el 4 de octubre, quedando en libertad con cargos y con una orden de alejamiento.

Cristina Márquez, una vecina de Marbella que se encuentra atrapada desde el domingo junto a su pareja, Fran Lorente, en el aeropuerto internacional Ben Gurion, de Tel Aviv, en Israel, pide ayuda para abandonar un país que se encuentra en guerra contra Hamás desde el sábado. Afectada por, al menos, tres cancelaciones de vuelos a Barcelona o Berlín que le ha supuesto un desembolso de más de 1.500 euros, Márquez pide al Gobierno central que flete un avión para repatriar a los nacionales españoles en Israel.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer acuerda abrir un procedimiento penal contra el denunciado, que además se habría quitado el brazalete de localización que le impuso.

Un fallo en la cadena de mando. La Policía Local de Murcia no llegó a recibir el aviso de que la discoteca Teatre debía precintarse y por ello no realizó inspecciones para comprobar si el establecimiento funcionaba con normalidad, según informan fuentes policiales a Vozpópuli. "El Ayuntamiento no tenía constancia de que la Fonda estuviera abierta pese a la orden de cierre", ha señalado este lunes el teniente de alcalde Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro. El Consistorio ha anunciado que "actuará con contundencia"

A la vista de la “gravedad de los hechos denunciados”, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado reabrir la causa contra dos agentes de la Policía Local de Vilamarxant (València) que fueron grabados por el teléfono móvil de un detenido fabulando una supuesta agresión para justificar el arresto. La Audiencia Provincial de Valencia pide a la jueza que archivó la investigación al considerar ilegal el audio que grabó a los agentes una “mínima actividad instructora” más allá de las “crípticas razones” alegadas .

El detenido agredió a su hija tras poner una lavadora a primera hora de la mañana de este miércoles

Recurren ante el Alto Tribunal andaluz para que se admita el incidente de inejecución e insisten en que el fallo afecta a opositores "de buena fe" y acarreará un perjuicio de "seis millones" para las arcas municipales.

Está previsto que se sienten en el banquillo de los acusados un exconcejal popular, el jefe de la policía local y siete personas más. Los hechos ocurrieron, según mantiene la acusación pública, entre 2011 y 2015 cuando se solicitaron y pagaron a las firmas de los empresarios implicados varias cantidades de grilletes, gorras, anoraks y uniformes, sin respetar el procedimiento de contratación legalmente establecido, pedidos que, además, no fueron nunca entregados. El Ministerio Público solicita penas de prisión de más de 4 años de carcel.

Han sido detenidos dos integrantes del clan y la investigación continúa abierta. Hasta el momento, han sido detenidos dos integrantes del clan acusados de amenazar de muerte e intentar linchar a la familia de un policía que, horas antes, había sancionado a uno de sus familiares.

La magistrada señala que adoptar esta medida no supone ningún perjuicio para las partes y recuerda que hay "múltiples incidentes" en los que se reclama la imposibilidad de ejecutar la sentencia.

La Policía mantiene la búsqueda del individuo que el viernes por la noche mató a tres personas en un ataque con cuchillo en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, y parte de que se trata de un atentado terrorista y no un acto de locura, como se pensó en un principio.

La agrupación aspira, de esa forma, a que las islas repliquen un modelo que ya se está llevando a cabo en ciudades como Nueva York

El hombre presuntamente ha acabado con la vida de su pareja y su expareja, dos mujeres, en dos lugares diferentes: en un piso del número 9 de la calle de la Música de Rubí y en la que era su vivienda habitual en la calle de Bellesguard de Castellbisbal (Barcelona) y después se ha suicidado.

En un primer momento se desconocía la identidad del presunto asesino, pero al cabo de unas horas se dio a conocer que era Juan Fortuny de Pedro , un agente jubilado, que tenía sesenta y cinco años, y que era comisario principal de la policía española y había ocupado el cargo de jefe regional en la jefatura del cuerpo en Catalunya. En día de su jubilación, hace poco más de un año, recibió un efusivo aplauso de sus compañeros en la jefatura de la Via Laietana como muestra de reconocimiento.

«Estamos escasísimos de gente», explica la alcaldesa en funciones de Soto del Barco, que el pasado fin de semana contaba con un solo agente para todo el concejo

Se inicia la temporada de Liga 2024-25 sin que Javier Tebas pague por los dispositivos de seguridad ofrecidos por Policía Nacional en los campos de fútbol. El sindicato policial Jupol ha hecho un baremo de los gastos de estos dispositivos. Con 150 agentes en los partidos con menos riesgo y con más de 400 policías en los encuentros considerados de alto riesgo. Unos operativos que suponen un gasto de más de 15 millones de euros para las arcas públicas y por tanto para todos los españoles, sean o no aficionados al fútbol.

Tres policías de paisano, en Valencia, pegan una paliza a alguien que no quiso darles el móvil. Tras cachearlo, y ante su negativa a darles el terminal, le dan una paliza.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Barcelona a un grupo criminal liderado por un expolicía que realizaba robos violentos con armas de fuego a otras organizaciones criminales, en los que simulaban ser policías, y han detenido a seis personas.

En el marco de una operación llevada a cabo por la Policía Nacional la semana pasada, se ha logrado desarticular un grupo criminal en Valencia que había estafado cerca de 200.000 euros mediante técnicas de skimming y phishing. Y todo comenzó cuando las autoridades detectaron una serie de ataques a cajeros automáticos de entidades bancarias nacionales. Estos ataques se habían llevado a cabo mediante la instalación de dispositivos tipo 'skimmer', que permiten copiar los datos almacenados en las bandas magnéticas de las tarjetas bancarias.

La formación política considera que la actual escasez de policías y guardias civiles en la terminal podría propiciar situaciones de riesgo, especialmente en períodos de aumento de vuelos como este puente de la Asunción. Los retrasos y largas esperas en los controles policiales han sido una constante, afectando especialmente a los pasajeros que no pertenecen a la Unión Europea, debido al tiempo que requiere la revisión de sus pasaportes.

Una patrulla de la Policía Foral pagó de su bolsillo dos habitaciones de un hotel de Pamplona para que una familia en desamparo no durmiera en la calle. Todo ocurrió el sábado por la madrugada cuando los agentes recibieron una llamada en la que avisaban de que una familia con 4 hijos -de 16, 14, 8 y 1 año- estaban pernoctando en la estación de autobuses de la capital navarra. Se trataba de una familia colombiana que se había visto obligada a huir de su país por ser amenazados y para poder llegar a España se habían gastado todos sus ahorros.

Dos décadas después de la masacre en una farmacia de Guayaquil, la Corte Nacional sentenció a 26 años de prisión a los responsables pero las familias de las víctimas siguen buscando respuestas. ¿Qué ocurrió realmente en aquella farmacia de Guayaquil, donde asesinaron a ocho personas y desaparecieron a otras cuatro de manera forzada?