“Los sacaron de su chabola para meterlos en un ataúd”. Como varias generaciones de su familia, Rosana procedía del poblado de O Caramuxo, en el barrio de Navia, “el más joven de la ciudad” y hacia donde se expande la urbe. Allí, en 2019, se levantaba una treintena de chabolas. En aquella parcela de 31.000 metros cuadrados, la empresa Global Fitness Sport quería levantar un complejo administrativo y deportivo. Pero, para eso, los chabolistas sobraban. Relacionada www.meneame.net/story/cuatro-menores-muertos-incendio-edificio-centro-

Derogar la norma urbanística del 30% aprobada en 2018 por la exalcaldesa Ada Colau es una reivindicación perseguida por el poder económico catalán. En 2018 se aprobó en Barcelona una normativa urbanística que obligaba a los promotores inmobiliarios a reservar un 30% de todas sus promociones a vivienda asequible. Con esta medida, el Ejecutivo de Ada Colau pretendía situar la política pública de vivienda como una prioridad en una ciudad donde el acceso a una vivienda digna tanto en régimen de alquiler como de propiedad es una de las más caras de

El proyecto de Martínez Almeida, que según avanzó Europa Press será aprobado en la primera mitad de julio, pone algunos límites, como que no se supere el máximo de 8 cocinas por local o establecer una distancia mínima entre locales para evitar que determinadas calles o avenidas concentren humos, olores y motos de reparto. El humo de las cocinas en los patios internos, los olores, los residuos acumulados y el trasiego de repartidores llevaron a ciudadanos afectados a reclamar una prohibición explícita que impida operar en zonas residenciales.

José Luis López, alias "El turronero", empresario de la construcción que se hizo rico en la España del pelotazo. Condenado por participar en una red de facturas falsas que evadió 10 millones de euros a hacienda. El sábado celebró su cumpleaños con 3.000 invitados.

Cuando se confirma que una vivienda o un local se ha construido en un suelo no urbanizable sin licencia municipal y se ha declarado que se ha producido un delito contra la ordenación del territorio, hay que estudiar qué se hace con ese edificio. Y es que la decisión no es sencilla porque surgen diversas preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo hay que demoler?, ¿se puede sustituir por una indemnización cuando la vivienda ya ha sido transferida a un tercero ajeno a los hechos? o ¿de qué depende la decisión?

La ciudad que da nombre al tratado internacional contra el cambio climático quiere ser de las primeras del mundo en adaptar su urbanismo al aumento de las temperaturas. El Consejo de París, la asamblea de la capital, examina este lunes el nuevo Plan Local de Urbanismo presentado por el equipo de la alcaldesa, la socialista Anne Hidalgo, aliada con ecologistas y comunistas. El plan supone, entre otras medidas, aumentar las zonas verdes y sustituir revestimientos de hormigón o de alquitrán por otros por otros de tierra.

El grupo Biznaga carga contra el proyecto urbanístico de la Ermita del Santo durante su concierto de este viernes en la pradera, con un alegato en favor de los vecinos que se oponen a la recalificación: "Madrid nos pertenece, pertenece a la gente que lo habita y que pelea" . Rel: www.meneame.net/story/ermita-santo-ultimo-pelotazo-urbanistico-madrid-

Si las elecciones de mayo dan la victoria al PP, unas 600 viviendas de lujo y 2.000 plazas de aparcamiento gentrificarían y saturarían un barrio que, ya de por sí, adolece de equipamientos públicos. El centro comercial y deportivo en la Ermita del Santo en Madrid podría desaparecer en los próximos meses ante un pelotazo urbanístico orquestado con la complacencia del Ayuntamiento de la capital. Así es como se expresa el colectivo creado para intentar revertir la situación y compuesto por medio millar de vecinos y vecinas que se niegan a permitir

La instrucción de la causa ha detectado que Máñez, procesado junto con el exalcalde popular Francisco Huguet por cobrar presuntamente mordidas y blanquearlas luego con la compra de bienes inmobiliarios, ingresó en una cuenta compartida con su mujer, María Julve, 180.000 euros con el concepto “Lotería Nacional”. El ingreso, en una cuenta de la antigua entidad Bancaja, se registró el 2 de febrero de 2006.

Extremadura continúa inmersa en un revisionismo ecologista derivado de la situación del resort de lujo Marina Isla de Valdecañas. A su cruzada por salvar de la piqueta desde hace tres lustros esta urbanización de la provincia de Cáceres –que finalmente ha llegado al Tribunal Constitucional y tras una ley del PSOE aprobada este mismo año que da por hecho que 55 Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), entre ellas la que afecta a esta urbanización, nunca existieron porque no se declararon en su momento de forma conveniente...

La víctima en esta presunta estafa es el Ayuntamiento; el conseguidor de la trama, Luis Medina; y el "gestor criminal" Alberto Luceño. Al Rojo Vivo recuerda cómo los dos empresarios se embolsaron seis millones de euros en comisiones por venta de material sanitario en lo peor de la pandemia.

La denuncia inicial contra Miguel Ángel Martín Perdiguero, de Ciudadanos, se presento en la Fiscalía de Madrid por Izquierda Independiente, que le acusa de haber permitido la actividad sin licencia de una planta de residuos vegetales en suelo protegido de la ribera del río Jarama

En el club azul no existe preocupación alguna tras lo expuesto por varios partidos políticos sobre la catalogación de los terrenos de Latores. En una entrevista concedida al diario El Comercio, el máximo accionista del Real Oviedo y presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, afirmó que el precio del proyecto rondará los 10 millones de euros.

La aportación fundamental del estudio es haber medido las probabilidades de que crezca la corrupción en función del incremento de la vivienda. Su principal conclusión: por cada 1% que suba el precio medio de la vivienda, la probabilidad de que haya corrupción se multiplica por cuatro. En concreto, un 3,9%. La 2ª conclusión tiene que ver con una consideración de carácter político: los gobiernos municipales que gozan de una mayoría absoluta "son más susceptibles de incurrir en corrupción".

Los concesionarios que gestionan la treintena de colegios privados concertados adjudicados por la Comunidad de Madrid en el siglo XXI apenas pagan 17.543,45 euros al año de media a la Administración autonómica por explotar las parcelas públicas sobre las que han construido sus centros, según información referente a 2021 y obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Eso equivale a casi 1.500 euros al mes. .Sin embargo, Díaz Ayuso, y Martínez-Almeida, están dispuestos a ceder a coste cero