El objetivo es hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a devolver 1.351 millones a Banco Santander, Caixabank y Bankia.

Hacienda se endeudará para hacer frente a una parte de los 1.350 millones de euros con los que debe indemnizar a los bancos Santander, CaixaBank y Bankia por el cierre de Castor, el almacén submarino de gas ubicado frente a las costas de Tarragona y Castellón. Según explica el Gobierno en un real decreto-ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, el Fondo de Contingencia no cuenta con recursos suficientes para financiar esa cantidad debido a los desembolsos que el Estado ha tenido que afrontar para paliar los efectos de la p

El recibo de un consumidor doméstico medio subió el año pasado un 14,1%, según un informe de la Agencia de Reguladores europeos; España lideró también las alzas en el periodo 2009-2019, con un aumento del recibo del gas del 53% para los domésticos

Los directivos del proyecto Castor, acusados de un delito contra el medio ambiente por los terremotos ocasionados por las inyecciones de gas en el almacén submarino, niegan la mayor y mantienen que los seismos tuvieron un "origen natural".

Esta plataforma busca que sea Escal-UGS la que devuelva a las entidades financieras este dinero, y que Enagás, la empresa encargada de recolocar la deuda, perdone los intereses, daños y perjuicios, a través de un acuerdo entre las partes. Asimismo, busca impulsar una comisión parlamentaria para revisar las partidas presupeustarias y el informe técnico completo del proyecto, así como el desarrollo por parte del Gobierno de una ley para asegurar que el coste del desmantelamiento no recaiga, ni directa ni indirectamente, en el contribuyente.

Una sentencia del Tribunal Supremo obliga al Estado a pagar a tres bancos, Caixabank, Bankia y Banco Santander, los 1.350 millones de euros que en su día adelantaron para compensar a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón por su impacto medioambiental. El Gobierno, entonces presidido por Mariano Rajoy, se comprometió a devolver dicha cantidad en 30 años, aunque en realidad, quienes iban a pagar eran los consumidores a través de un suplemento en la factura

El Tribunal Supremo ha reconocido a Santander, CaixaBank y Bankia el derecho a recibir del Estado la indemnización de 1.350 millones de euros a la promotora del fallido almacén de gas Castor que esas tres entidades adelantaron en 2014 para compensar a su promotora, la constructora ACS, por el cierre de la infraestructura tras una sucesión de terremotos en la costa de Catellón.

Dos directivos y la propia empresa controlada por el empresario Florentino Pérez Escal UGS se sentarán en el banquillo acusados de delito medioambiental por el fiasco del proyecto Castor, la planta de almacenamiento de gas que se colocó frente a las costas de Vinaròs (Castelló) y que en sólo dos meses ocasionó más de 500 seísmos en 2013. Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs (Castelló), Javier Verdeguer Gorrea, quien ha dictado este viernes el auto de apertura de juicio oral.

La patronal vallesana Cecot presentará una demanda de ejecución de sentencia ante el Tribunal Supremo contra el Estado para que se lleve a cabo la devolución a consumidores y empresas de los recursos destinados a Enagás por el mantenimiento del almacén de gas Castor, que ascienden a 34,5 millones de euros.

La Mesa del Congreso ha calificado una propuesta del Grupo Mixto y el grupo Plural que ahora tendrá que ratificar la Junta de portavoces y aprobarlo el pleno para que pueda ponerse en marcha. La investigación tendrá que dilucidar si hubo irregularidades en el proceso de aprobación del mismo para poder aclarar las responsabilidades políticas por una instalación que ha costado más de 1.700 millones de euros y no ha llegado ni tan siquiera a arrancar su funcionamiento por culpa de los cerca de 500 seísmos que generó esta planta.

Compromís ha reclamado este viernes investigar las posibles irregularidades en torno al almacén de gas Castor, tras conocerse esta semana la incorporación al consejo de administración de Enagás de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla, este último extitular del Ministerio de Industria que defendió el frustrado proyecto.

Curiosamente, el Ministerio también detrae 101.000 euros de derechos de emisión, sanción del catastro, canon de puerto y canon de hidrocarburos con el argumento de que la sociedad no había aportado ninguna factura o soporte en el momento de elaborar su informe. Todo ello, y después también de las correcciones aplicadas para calcular los períodos reales y no por años naturales, resultaba en los 295,59 millones de euros mencionados. Adicionalmente, el gobierno español también reconoció a la sociedad 4,5 millones de euros, a cargo del sistema gasi

El mantenimiento del proyecto Castor ha llevado alrededor de 3 millones de euros anuales en el alquiler de helicópteros y barcos entre finales de 2014 y 2017. Este es uno de los datos plasmados en las auditorías encargadas por Enagás a la empresa Deloitte para justificar las costes de hibernación y mantenimiento de las instalaciones y a las que ha tenido acceso la ACN.

El juez confirma el procesamiento de dos directivos de Castor que pese a los seísmos aumentaron la velocidad de las inyecciones de gas.

Teresa Ribera, que en los Gobiernos de Rodríguez Zapatero dirigió la Oficina Española de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente (2004-2008), y la secretaría de Estado de Cambio Climático (2008-2011), fue una de las grandes responsables del Proyecto Castor que produjo cientos de pequeños terremotos en la Costa Mediterránea y ha costado a los españoles más de 4.000 millones de euros. Sin embargo, su gestión de entonces ha sido “premiada” por Pedro Sánchez con el Ministerio para la Transición Ecológica.

La estrategia de ACS pasa por que se vuelva a inyectar gas al almacén para defenderse de la acusación de negligencia, lo que explica el recurso a la decisión de desmantelarlo.

Chapuza hasta en el desmantelamiento. El almacén de gas Castor tiene a punto de cumplirse la vida útil de los dos tapones que se colocaron en abril de 2016 para impedir la fuga del gas de sus pozos. Según indica el Ministerio de Transición Ecológica, que ha tenido la valentía de aprobar el desmantelamiento cuando el anterior Gobierno decidió hibernarlo, al no tratarse de un abandono definitivo sino de una solución temporal, se instalaron unos tapones cuya vida útil se estima en el sector entre dos y cuatro años.

El Consejo de Ministros dará mañana luz verde al sellado definitivo del almacén subterráneo de gas Castor. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante un mitin en Palma.

ACS, a través de su filial Escal UGS, se resiste a devolver los 195 millones que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia le reclama desde julio para restituir al sistema gasista los pagos efectuados por el almacén de gas Castor. Para tratar de evitarlo, Escal UGS ha presentado un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra la CNMC y ha pedido medidas cautelares para impedir dicho pago.

En el país hay instalado un ‘Ferrari’ del gas,un sistema gasista de lujo diseñado para unas altas previsiones de demanda que no se han cumplido. Muchas de estas infraestructuras están hoy en día infrautilizadas,algunas incluso paralizadas. ¿Tiene sentido esta España a todo gas en una transición energética que busca acabar por completo con las emisiones contaminantes de las energías fósiles,incluida el gas?. 1.Los excesos del sistema gasista más lujoso de Europa. 2.La regasificadora de casi 400 millones de euros nunca utilizada por sobrar planta