La Mesa del Congreso ha calificado una propuesta del Grupo Mixto y el grupo Plural que ahora tendrá que ratificar la Junta de portavoces y aprobarlo el pleno para que pueda ponerse en marcha. La investigación tendrá que dilucidar si hubo irregularidades en el proceso de aprobación del mismo para poder aclarar las responsabilidades políticas por una instalación que ha costado más de 1.700 millones de euros y no ha llegado ni tan siquiera a arrancar su funcionamiento por culpa de los cerca de 500 seísmos que generó esta planta.
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