En estas imágenes tomadas por la Guardia Civil se aprecia cómo la grúa machacaba los electrodomésticos y los apilaba sin retirar gases y espumas en la planta de reciclaje Recilec de Aznalcóllar. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/fraude-reciclaje-planta-electrodomesticos

La Guardia Civil grabó varias noches seguidas el triturado de frigoríficos y termos sin reciclar nada. También investiga una estafa con la «ecotasa» con aparatos que entraban por Gibraltar.

En 2002 se archivó la única causa penal abierta y desde entonces la empresa no ha pagado ni un euro de los 250 millones en los que se valoraron los costes de recuperación ambiental. Tampoco pagó la multa de 45 millones impuesta por el Gobierno en 2002, ni los gastos de limpieza, 90 millones, que la Junta de Andalucía le requirió en 2004. Las administraciones fueron cómplices de la catástrofe de Aznalcóllar, por acción y por omisión

Un hombre de 51 años ha asesinado con una escopeta a su mujer de 43 años en Aznalcóllar (Sevilla) y posteriormente se ha suicidado en el mismo arma, han informado a Efe fuentes próximas a la investigación. Según han indicado las fuentes, no constan denuncias previas de malos tratos.

"Hemos sugerido a la empresa que haga un estudio de alternativas de vertido. Porque otra opción, que es la que utiliza la mina de Las Cruces, es verter al río Guadalquivir al norte de la ciudad de Sevilla, donde aún el cauce se considera de dominio marítimo-terrestre. No hidráulico, como lo es el Guadiamar"

La Audiencia de Sevilla ha reabierto el caso por presuntas irregularidades en la adjudicación de Aznalcóllar

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha presentado su dimisión tras conocer la reapertura de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Fernández, como exsecretario general de Industria de la Junta de Andalucía, es uno de los tres investigados a los que la Audiencia de Sevilla ha ordenado declarar tras reabrir la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. LLevaba desde el mes de junio de 2018 en el cargo.

Ecologistas en Acción denuncia que la mala gestión de la presa por parte de la empresa está acelerando su deterioro e inseguridad y exige a la Junta de Andalucía "que no mire para otro lado".

Las cinco principales organizaciones ecologistas denuncian el riesgo de nuevas catástrofes por la posible rotura de presas como la de Minas de Riotinto y exigen el desarrollo de una nueva ley marco que proteja el subsuelo del Estado. Han centrado sus críticas en dos proyectos mineros que cuentan con el beleplácito de las autoridades autonómicas. Han manifestado su rechazo frontal a la pretensión de reabrir precisamente la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar y han advertido del posible colapso de las balsas de lodos de la Mina de Riotinto.

Han pasado 20 años desde la rotura de la balsa de Aznalcóllar, en la madrugada del 25 de abril de 1998. En 2002 se archivó la única causa penal abierta y desde entonces la empresa (Boliden) no ha pagado ni un euro de los 250 millones en los que se valoraron los costes de recuperación ambiental. Tampoco pagó la multa de 45 millones impuesta por el Gobierno en 2002, ni los gastos de limpieza, 90 millones, que la Junta de Andalucía le requirió en 2004. Las administraciones fueron cómplices de la catástrofe de Aznalcóllar, por acción y por omisión.

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Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF advierten del riesgo de nuevas catástrofes mineras por la posible rotura de las presas mineras como la de Minas de Riotinto. También muestran su rechazo a la reapertura de la Mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, que supondría el vertido al Corredor Ecológico del Guadiamar de 14 hectómetros cúbicos (hm3) de aguas ácidas, y que se está tramitando con graves deficiencias administrativas y ambientales. El 25 de abril se cumplen veinte años del vertido de Aznalcóllar (...)

El municipio sevillano ya ve ‘brotes verdes’ en plena fase de exploración del yacimiento; pero también denuncia que los recursos hídricos se destinan a latifundios y Abengoa.

La UCO dice que la compañera sentimental del ex número 3 de la Consejería de Economía hizo de intermediaria para Magtel en Sudamérica La vincula con la constructora Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Sudamérica La UCO detecta correos clave del concurso minero de Aznalcóllar desaparecidos

La Junta impidió mediante recursos a los investigadores tener acceso a los correos sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha ordenado la intervención de 17 cuentas de correo electrónico de la Junta de Andalucía por las supuestas irregularidades en la adjudicación del Gobierno de Susana Díaz de la mina de Aznalcóllar.

El que fuera uno de los mayores escándalos de los últimos años, la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a una empresa cordobesa instaladora de alumbrado, propiedad de los hermanos Magdaleno, sale de nuevo a la superficie gracias a la intervención de la magistrada Patricia Fernández, titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha requerido a la Junta de Andalucía la entrega de todos los correos electrónicos enviados por el personal -funcionarios y altos cargos- que participó en la licitación de la mina de Aznalcóllar, adjudicada en febrero de 2015 al consorcio Minorbis-Grupo México e investigada por un juzgado de Sevilla por posible amaño.

A 18 años de la catástrofe ambiental en la explotación de metales de Aznalcóllar, la Junta apuesta por su reapertura- la corrupción sobrevuela la mina que causó uno de los mayores desastres medioambientales de la historia de España. A las dudas sobre la reapertura de la explotación de metales de Aznalcóllar , que tras un accidente en el que se rompió la balsa de decantación de la mina vertió más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico al río Guadiamar en 1998, afectando a 4.634 hectáreas...

La empresa que gestionará Aznalcóllar, ‘regada’ de subvenciones por la Junta. Un exdelegado del Gobierno fue asesor de la empresa mientras recibía ayudas públicas del Ejecutivo andaluz

Casi 20 años después de uno de los mayores desastres ecológicos de Europa, varios responsables de Las Cruces se sentarán en el banquillo acusados de un delito continuado de daños y otro contra el medio ambiente.

La magistrada incide en que "las decisiones controvertidas lo fueron mediante acuerdos adoptados por unanimidad en el seno de la mesa de contratación y de la Comisión técnica", mientras que "para sustentar la imputación de un delito de prevaricación habría de acreditarse la existencia de un concierto entre todos los miembros de los dos órganos citados: Mesa y Comisión, con el fin de arbitrariamente favorecer con sus decisiones la adjudicación de la explotación de los recursos mineros de la reserva de Aznalcóllar a Minorbis".

No entiendo cómo hemos llegado hasta aquí con una denuncia de esa naturaleza , dice María José Asensio en una entrevista en Hoy por Hoy