(traducción) El expresidente de la Generalitat, Artur Mas,y la consellera de Agricultura, Meritxell Serret,inauguran la calle 9 de Novembre en la localidad Montoliu de Lleida, con la que esta población quiere recordar la consulta sobre el futuro político de Catalunya. Una captura de Google Maps de la calle que Montoliu de Lleida ha dedicado a la consulta del 9-N. nos muestra que es un callejón sin salida. Ese es el espacio escogido para recordar la consulta alternativa del 9 de noviembre del 2014.

Este artículo nace de una feliz coincidencia. La coincidencia, en pocos días, de dos hechos inconexos. Uno es la publicación en castellano (Capitán Swing, Madrid) de la tercera edición de Política moral, de George Lakoff, y el otro es el segundo aniversario del 9N, la consulta promovida por el Govern Mas en 2014. Tanto una cosa como la otra, por razones distintas y distantes, no han sido celebradas por nadie. Este artículo es, por tanto, una suerte de celebración. En cierta medida, una juerga.

El Congreso nunca ha rechazado en democracia un suplicatorio del Tribunal Supremo para juzgar a un diputado. Tampoco lo hará el actual, pero por primera vez un grupo mayoritario rechazará la preceptiva petición para que un parlamentario se someta a un tribunal durante su mandato. Los 71 diputados de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y de Compromís votarán en contra del suplicatorio que el Supremo remitirá próximamente para investigar al portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2015.

La acusación popular del caso 9N, encabezada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, ha pedido seis años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Artur Mas, para la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y para la que era consellera de Enseñanza Irene Rigau por organizar la consulta sobre la independencia en noviembre de 2014.

La Fiscalía ha pedido nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, por los supuestos delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

El portaveu de l'antiga Convergència al Congrés ha defensat davant el Suprem la legalitat de la consulta del 9-N i ha dit que no els acovardiran.

La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado la decisión del juez instructor de dejar a un paso de juicio al expresidente catalán Artur Mas y a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega, por los delitos de prevaricación y desobediencia en la consulta del 9N. En un auto, la sala ha desestimado el recurso que presentaron las defensas contra la resolución en la que el magistrado del TSJC Joan Manel Abril dio por finalizada la instrucción del caso abierto por la consulta de independencia del 9N

La Fiscalía no pedirá cárcel para Mas tras los votos secretos de CIU en la votación a la mesa del Congreso

La Fiscalía ha descartado acusar al expresidente de la Generalitat Artur Mas por malversación en el 9N, el único delito que le atribuía en su querella que acarrea penas de cárcel, al entender que los gastos de la Generalitat para el proceso se acordaron antes de que el Constitucional suspendiera la consulta. Así lo apunta la Fiscalía en un escrito en el que se opone a los recursos presentados por Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el pasado 28 de junio le

Entiende que los gastos de la Generalitat para el proceso se acordaron antes de que el Constitucional suspendiera la consulta.

La magistrada Núria Bassols recupera la plaza en la sala civil y penal del TSJC, encargada de juzgar al expresidente Artur Mas, a la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau por el 9-N.

El tribunal cierra la causa por la convocatoria del referéndum alternativo del 9 de noviembre de 2014 y les imputa un delito de desobediencia y prevaricación administrativa.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga la causa del 9N ha dejado al expresidente catalán Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau a un paso del ju. Juez deja a Artur Mas a un paso del juicio por desobediencia y prevaricación el 9N.

El juez que lleva el caso del 9N ha dado por finalizado el proceso de investigación y consideró que hay indicios suficientes para llevarlo a juicio. Como acusados está el expresidente Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega. Los tres están acusados de desobediencia y prevaricación administrativa por continuar con la consulta del 9N a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional.

En un auto, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Joan Manel Abril, desestima los recursos presentados por las defensas de Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, para que se archivara el caso y da un plazo de días a la Fiscalía y las acusaciones populares para que presenten sus escritos de calificación contra los imputados.

En tono desafiante, el cabeza de lista de CDC al Congreso de los Diputados se presentó ante el juez como una víctima de un juicio político provocado por el éxito del 9-N en Cataluña.

Isaac Peraire (ERC), alcalde de Prats de Lluçanès: "he atendido la petición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, por haber dado apoyo a la resolución del 9N" #GilipollezMonumenal

Desobediencia grave al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de caudales públicos. Son los tres delitos que el juez del Tribunal Superior de Cataluña Joan Manel Abril consigna en la exposición razonada que ha elevado a la Sala Penal del Tribunal Supremo al apreciar indicios contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y los ex miembros de su Govern Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

El ex consejero de Presidencia y diputado de Democracia y Libertad (DIL), Francesc Homs, ha proclamado hoy víctima de una querella política ante el juez que investiga el 9N, pero se negó a dar explicaciones concretas sobre su papel en la consulta alegando que espera hacerlo ante el Tribunal Supremo. Ha recibido el apoyo en la calle de casi todo el gobierno catalán, la presidenta del Parlamento y unos 150 manifestantes.

La votación independentista puede ser no sólo desobediencia al TC, sino también malversación. A raíz de lo que se ha descubierto en la instrucción, el fiscal apunta ahora a la posible existencia de otros dos delitos: prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, que agravan cualitativamente el rango de las penas a las que podrían enfrentarse quienes, en abierto desafío al TC, pusieron dinero, infraestructuras y medios públicos al servicio de la celebración de la consulta.

La Fiscalía quiere saber si para organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre se usaron ficheros públicos que contenían datos personales de los ciudadanos. La Fiscalía ya anunció en noviembre la posibilidad de ampliar la querella contra Artur Mas y sus consellers.

El fiscal del Tribunal Superior de Cataluña ha pedido este lunes por la mañana al magistrado Joan Manel Abril que acuerde nuevas diligencias sobre el papel que desempeñó el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), organismo dependiente de la Generalitat, en la consulta soberanista del 9-N. Abril tramita desde principios de año una querella de la Fiscalía contra el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación en funciones, Irene Rigau

Artur Mas pasará a la historia como el President de la Generalitat que inició el proceso soberanista. A día de hoy lucha a contracorriente por encabezarlo.

Munté ha asegurado que el Gobierno "seguirá adelante" el contenido de la declaración a pesar de la suspensión.

Moncloa niega que don Felipe vaya a presidir el Consejo de Ministros. Los rumores han sido insistentes y crecientes en las últimas horas. La posibilidad de que el jefe del Estado pudiera adoptar un papel público ante el desafío secesionista catalán comenzaron a circular desde el lunes en los corrillos políticos, pero dos hechos cobraron relevancia en las últimas horas. Primero, la suspensión de la agenda que el rey Felipe VI tenía prevista para hoy, cuando se celebra el Consejo de Ministros Extraordinario que elevará el recurso al TC contra la