La acusación popular del caso 9N, encabezada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, ha pedido seis años de cárcel para el expresidente de la Generalitat Artur Mas, para la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y para la que era consellera de Enseñanza Irene Rigau por organizar la consulta sobre la independencia en noviembre de 2014.
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