El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad por su gestión de la pandemia de COVID-19. La denuncia fue presentada por más de un millón de trabajadores de salud. Bolsonaro ya está acusado ante la CPI: tres de las denuncias se relacionan con el papel del mandatario en la crisis de salud causada por el nuevo coronavirus; la restante es por crímenes contra la humanidad y actos que conducen al genocidio de las comunidades indígenas y originarias.

El régimen de Israel ha elaborado una lista secreta de 200 a 300 oficiales militares y de inteligencia del régimen que podrían ser arrestados en el extranjero si la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya abre una investigación sobre crímenes de guerra israelíes en los territorios palestinos. En la lista: el primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, el actual ministro israelí de asunto militares, Benny Gantz y los exministros de defensa, Moshe Ya’alon, Avigdor Lieberman y Naftali Bennett, el exdirector y director del shin bet (servicio...

Lo diré ya para que los ofendiditos puedan sacar conclusiones y pasar a otra cosa: David Suárez es mi sobrino. Y la Fiscalía no sólo quiere meterle en la cárcel por hacer un chiste sino que pretende crear una nueva pena: la inhabilitación para el ejercicio de una profesión en redes sociales. Ahí es nada. Relacionada

La investigación interna abierta por la Fiscalía General del Estado para esclarecer las acusaciones de connivencia entre un fiscal del caso Villarejo y la acusación popular que ejerce Podemos aparecidas en varios medios ha sido suspendida de forma provisional debido a la presentación de una querella por Vox contra el representante del Ministerio Público Ignacio Stampa y otras personas

Crearon un bulo mediático para criticar la falta de rigor periodístico de los medios de comunicación. Todos los medios nacionales se lo tragaron. Ahora les han condenado a 18 meses de cárcel y 15.000 euros: los jueces dan por buena la versión de los medios, convirtiendo al falso tour de La Manada en un interesante caso de estudio sobre la distorsión mediática de la realidad.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la Sala Penal que rechace las querellas interpuestas por varios abogados contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

OPCIÓN VÍA PENAL 1.- Si no han pasado 48 horas de la ocupación: PROS Llamar a la policía, pues puede desalojar sin orden judicial una vivienda ocupada ilegalmente, siempre que lo haga dentro de las primeras 48 horas de la ocupación, al considerarse delito flagrante. Los policías pueden entrar y obligar a los ocupantes a abandonar el inmueble. CONTRAS La ocupación tiene que acabar de producirse y se necesitan testigos dispuestos a declarar que han presenciado la usurpación. Se requiere que los okupas no hayan cambiado la cerradura.

Un repaso a lo que ha dicho los partidos y sus medios afines sobre el drama de las residencias, intentando eludir sus responsabilidades y culpando de todo a sus rivales políticos. Al abandono que han vivido los ancianos y sus familias, se suma ahora el esperpento de una clase política incapaz de gestionar con cordura cualquier crisis. La sociedad civil debe salir de la trampa de izquierda y derecha de la que vive la casta política, y exigirles a todos sus responsabilidades políticas y penales, sin fanatismos partidarios. A cada cual lo suyo.

Ya son 224 las pesquisas penales de las distintas fiscalías de todo el país sobre posibles delitos cometidos en las residencias durante la pandemia de covid-19, según ha anunciado este miércoles la Fiscalía General del Estado. Los expedientes del ministerio público en causas civiles de seguimiento de la situación en establecimientos residenciales son ya 194.

Internet y el auge de las redes sociales no solo han supuesto la aparición de nuevos modelos de delincuencia (fraudes online, suplantaciones de identidad, etc.), sino también la ruptura del esquema tradicional de comunicación presente en 1978. La transmisión de la información ya no es monopolio de los medios. Cualquier ciudadano tiene ahora a su alcance la posibilidad de difundir un flujo casi ilimitado de noticias, ante una comunidad universal y con gran inmediatez, con independencia de su acomodo o no a la realidad.

Explicación sencilla y clara de los delitos juzgados por el Tribunal de la Haya: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

Un fiscal helvético ha reunido pruebas de un supuesto delito de blanqueo de capitales agravado que conllevaría un delito fiscal en España. Estas son las claves y las personas que pueden llevar al rey emérito al banquillo.

La juez que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

Este miércoles ha muerto el catedrático de derecho penal Santiago Mir Puig. Una pérdida que empiezan a sentir y lamentar grandes y pequeños juristas. El maestro español Santiago Mir Puig nació un 5 de diciembre de 1947 en el seno de una familia de comerciantes y pronto se convirtió en un referente para los penalistas no solo de España sino de Latinoamérica. Según contó alguna vez su hijo Oriol Mir, también penalista, en un libro homenaje, el maestro burló a la muerte hacia el 2000. El 12 de octubre de aquel año le diagnosticaron un mieloma…

La Fiscalía contabiliza ya más de 130 investigaciones penales abiertas por todo el país, según afirma el Ministerio Público. La última actualización de datos implica que en la última semana se han contabilizado 30 diligencias más en el Ministerio Público. Además ya son 20 juzgados de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, La Rioja, Galicia y Extremadura los que mantienen abiertas distintas causas por lo penal pero que también examinan por lo social las condiciones de los trabajadores.

Se trata de un recluso de la unidad penitenciaria donde se confirmó el primer caso de COVID-19. “Si usted no toma una medida urgente la tomaremos nosotros”, dijo en un video. Se trata de Julián Arakaki un recluso de 49 años alojado en la Unidad Penal Nº 23 de Florencio Varela, desde donde otro recluso grabó un video en el que amenaza directamente al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Valoración, por parte del los abogados defensores, de la sentencia a 19 meses por atentado (1 año y 7 meses) y lesiones (4 meses) con vídeo de los hechos. En el vídeo Isa Serra a la izquierda con mochila, al principio del vídeo.

La Fiscalía de Castilla La Mancha confirma la información facilitada hoy por la Fiscalía General del Estado. Actualmente, las Fiscalías de la región tienen abiertas cinco diligencias de investigación penal: una en Albacete, dos en Ciudad Real, una en Cuenca y una en Toledo. Han indicado que no se facilita la identidad de las residencias para preservar el carácter reservado de la investigación.

Un familiar de un anciano de la residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Ourense acusa de "homicidio por acción dolosa" a la directora del centro, al presidente de la Xunta, a dos conselleiros y otros altos cargos. La residencia es el mayor foco de coronavirus en Galicia, con más de 130 contagiados, pese haber prohibido las visitas "una semana" antes de que fuese obligatorio. La Federación REDE presentó otra denuncia ante la Guardia Civil de Cangas por la Fiscalía, por la “situación de abandono de los centros DomusVi”.

Cientos de prisioneros dentro de una instalación de Monroe (Washington) crearon un disturbio masivo el miércoles por la noche y amenazaron con incendiar el penal después de que varios internos dieran positivo por COVID-19, según la Patrulla del Estado de Washington. Los funcionarios del Complejo Correccional de Monroe llamaron al Ejército alrededor de las 6 p.m. para ayudar con la seguridad porque más de 100 prisioneros con seguridad mínima habían comenzado un altercado en el patio de la cárcel, dijeron los funcionarios de prisiones.

Estar en la calle sin poder alegar alguna de las excepciones que permiten la circulación por la vía pública durante el estado de alarma no es razón suficiente para sostener una acusación por desobediencia, delito penado con hasta un año de cárcel. Esta conducta sí supone una infracción administrativa -a través de la Ley de Seguridad Ciudadana-, pero el delito requiere de un incumplimiento de un requerimiento personalmente dirigido por un agente de la autoridad. Es decir, tiene que haber desacato a una orden dada "personalmente y con claridad".

El presidente de Vox, en una entrevista concedida a ABC, afirma que, de momento, tienen que dimitir los viecepresidentes Carmen Calvo y Pablo Igesias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Una jueza abre la vía penal contra el Gobierno por no prohibir el 8-M ante el virus.