El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza ha anulado las ayudas al alumnado en situación de exclusión o riesgo social o situación de vulnerabilidad económica de centros escolares concertados otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza. La magistrada entiende, dando la razón al recurso presentado por el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Zaragoza en Común y las organizaciones FAPAR, FABZ, CCOO y CGT, que estas ayudas no se hacían extensibles al alumnado de la escuela pública que se encontrase en la misma situación de exclusión

Estos agentes no tendrán a partir de ahora ninguna responsabilidad penal

A comienzos de 2017, una empleada de la Pastelería La Suiza de Gijón acudió al sindicato CNT debido a sus problemas laborales, que se resumían en jornadas maratonianas, salario inferior al del convenio y horas extras sin remunerar; además, afirmaba soportar abusos por parte de su jefe

El TSJCat da la razón a la empresa, que destacaba que mantener sexo en el trabajo no es lo mismo que jugar al parchís. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha declarado procedente el despido de dos empleados que mantuvieron relaciones sexuales en el puesto de trabajo, un club de tenis de Manresa. Los protagonistas del caso son un matrimonio. Él era el responsable del mantenimiento de las instalaciones, y ella limpiadora. Los hechos ocurrieron un domingo por la mañana del mes de enero de 2023. Sobre las 10:30, dos empleados...

España es el tercer país de Europa que peor paga a los abogados de oficio en casos penales, tan sólo por delante de Chipre y Lituania, según ha revelado el informe de la Comisión Europea «Cuadro de indicadores de Justicia 2024», conocido ayer. A esto se suman los retrasos en el pago de las mismas. El […]

El Diputado de ERC Gabriel Rufián, mostró su disconformidad con el reciente acuerdo para la renovación del CGPJ entre PSOE y PP, por considerar que las cosas no cambiarán de verdad hasta que el hijo o la hija de un trabajador puedan competir en igualdad dentro de una carrera judicial absolutamente endogámica y elitista.

El gijonés, afincado en Buenos Aires, denunció en 2020 a Pedro Sánchez por "alta traición" y en la actualidad trabaja para el gobierno de Javier Milei.

Los votantes de Sumar son los más críticos con la justicia y su utilización política, mientras los del PP son los únicos que muestran una confianza en los jueces superior al 50%

Actuaban preferentemente de noche, en grupo de 15 a 20 personas. Mientras uno agredía por sorpresa a cada víctima, los otros le daban cobertura para que nadie auxiliara a los agredidos

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves la petición del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, a cargo de estudiar cómo afecta la amnistía a los investigados de Tsunami Democràtic, de adelantar su jubilación del 16 de octubre –cuando cumple 72 años– al 2 de septiembre.

Las elecciones europeas han supuesto —en principio— el final de un ciclo electoral extraordinariamente largo que arrancó con las autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023. Durante más de un año, todos los partidos políticos, pero, sobre todo, Partido Popular y PSOE, han estado bajo una lógica electoral que lo condicionaba todo. En el caso de los populares, entendían que un pacto con Pedro Sánchez podría acarrear un coste grande en las urnas y esa es una de las razones por las que han mantenido el bloqueo a la renovación del Consejo Gener

El PSOE lleva mañana al Hemiciclo una Proposición de Ley para que los empleados públicos que trabajan en las prisiones tengan el principio de veracidad y puedan tener una compensación si son agredidos. En 2023 hubo 508 agresiones, un aumento del 127% en cinco años.

El profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías (Sevilla, 1968) presenta La justicia en el banquillo (Arpa, 2024) un pequeño manual para entender qué está pasando con un poder que parece haberse rebelado contra el poder ejecutivo y el legislativo en los últimos años. Exletrado del Tribunal Constitucional, Urías insiste a lo largo de la entrevista en que lo importante no es la ideología de las personas que administran la justicia, sino la ausencia de métodos para controlar su falta de imparcialidad.

Las autoridades persiguieron a personas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión o asociación; algunas fueron condenadas a largas penas de prisión o a muerte tras juicios manifiestamente injustos. Se siguió sometiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos a reclusión arbitraria o a la prohibición de viajar tras haber quedado en libertad condicional. Los tribunales impusieron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos, incluso a personas que eran menores de edad en el momento del presunto delito...