El Sergas pide "responsabilidad" a sindicatos y estos critican la "nula" intervención de la Xunta y plantearán una posible huelga. El encuentro entre los representantes del personal de Ambulancias do Atlántico, concesionaria del servicio de transporte sanitario y urgente en Vigo, Cangas y Moaña, y la Consellería de Sanidade llevado a cabo este jueves ha terminado sin acuerdo y con un cruce de opiniones entre la Administración y los trabajadores.

Tras recordar que Ambulancias do Atlántico "estuvo a un día" de tener que paralizar el servicio por falta de combustible (ante las deudas de la empresa con éste y con otros proveedores), ha reclamado a la Xunta que actúe para garantizar las nóminas y los derechos de los trabajadores (unos 260 empleados) y que, si opta por mantener el modelo concesional, ponga sobre la mesa "dinero y recursos" para poder dar esas garantías. La televisión de Galicia sigue sin emitir nada sobre este tema: www.g24.gal/search?q=ambulancia

Sin ir más lejos, el pasado 19 de abril un vecino de Coiro falleció después de sufrir una indisposición y, como consecuencia, un accidente con el “chimpín” que conducía y la ambulancia que acudió hasta el punto del incidente tardó cerca de media hora en llegar porque tuvo que desplazarse desde Vigo.

La empresa que presta el servicio urgente del 061 en Vigo, Moaña y Cangas cuenta con un gran número de empresas que le exigen el cobro de las deudas que ha acumulado en los últimos tiempos, superiores a los 500.000 euros. Hombres "muy corpulentos" presentándose en las oficinas de la firma, solo una gasolinera admitiendo a las ambulancias para que reposten, intereses por créditos bancarios sin abonar y los talleres "de toda la provincia" vetando a las ambulancias: "Si se pincha una rueda nadie va a repararnos nada".

Una única estación de servicio sigue "fiando" a los vehículos de Ambulancias do Atlántico, empresa intervenida desde el viernes por la adminsitración gallega pero que, a falta de que se concrete la figura de la interventora que prometieron al comité de huelga, sigue prestando servicio con ciertos riesgos. Las ambulancias de Moaña y Cangas, como apuntan desde CC.OO., tienen que salir de su zona de acción cada vez que tienen que repostar, ya que la única gasolinera que los abastece está en Vigo. Dos meses sin cobrar, el empresario desaparecido.

El alcalde cita la ocupación, los grafitis o la venta ambulante ilegal como algunas de las prácticas que perseguirá esta nueva normativa municipal, que no incluyó en su programa electoral

Los concesionarios de automóviles de Norteamérica siguen luchando contra las graves perturbaciones que comenzaron la semana pasada con los ciberataques a una empresa cuyo software se utiliza ampliamente en el sector de la venta minorista de automóviles. CDK Global, una empresa que suministra software a miles de concesionarios de Estados Unidos y Canadá, sufrió ciberataques consecutivos el miércoles. Esto provocó una interrupción que ha seguido afectando a las operaciones.

"Les es más barato pagar las sanciones que cumplir el contrato", denunciaban para este diario miembros del comité de empresa del 061, que lamentan la marcha de varios pilotos del servicio mientras muchos de los que quedan están "quemados" por las condiciones actuales, lo que llevó a algunos a abandonar la propia empresa.

La Comisión Europea considera probado que antes de alargar la concesión ya se había decidido venderla. La Comisión Europea no tiene ninguna duda sobre la ilegalidad que advierte cometió España al prorrogar varios peajes, entre ellos el del Huerna, entre Asturias y León hasta el año 2050 así como la gestión gestión de la autopista AP-9, en Galicia, hasta 2048. En una larga carta enviada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al Gobierno de España, como segunda advertencia en el procedimiento de infracción abierto...

Se enfrenta a una multa de 1.000 euros y detracción de 6 puntos. Una vez identificado el conductor, fue sometido a las pruebas establecidas arrojando un resultado positivo en el test indiciario de drogas que mostró la presencia de sustancia estupefacientes o psicotrópicas en su organismo.

UGT, ESK y LSB-USO consideran “un chiste” que la empresa catalan achaque sus reiteradas sanciones de la Inspección de Trabajo a que se denuncia “cualquier cosa” cuando comete irregularidades “desde el primer día”. En el último año, la Inspección de Trabajo ha constatado 23 infracciones por parte de Grup La Pau. Una es “muy grave” y las otras 22 son “graves”. Es más, después de que se diera a conocer esa cifra han seguido llegando más denuncias con hechos acreditados como la presencia de trabajadores sin contrato, según indican los sindicatos.

El preacuerdo alcanzado contempla la consolidación de una bolsa de empleo con carácter permanente y por orden de antigüedad en la que se incluirán los dos trabajadores despedidos y en el orden en el que les correspondía. Y es que, según denunciaba el lunes en rueda de prensa el responsable de Transportes de la CIG en Santiago, Inácio Pavón, la empresa se saltaba la lista e incluía en ella "a familiares" de los responsables.

Es la última de una larga tanda de licitaciones que la Xunta tiene que declarar desiertas. En un problema que afecta al SERGAS, al 061 e incluso al transporte de sangre y cuya raíz es, según coinciden empresarios y sindicatos, es el empeño de la Administración en ahorrar hasta el último céntimo en la prestación de estos servicios públicos, lo que al final acaba provocando huelgas de trabajadores que padecen atrasos y empresarios operando asumiendo pérdidas. En última instancia, el deterioro de lo público.

Una vecina de La Ina denuncia lo sufrido el pasado 29 de mayo con su padre, un hombre de 81 años enfermo, para el que pidieron una ambulancia a Jerez y, al ver que esta no llegaba, tuvieron que contratar una privada

El contrato de emergencias entró en vigor en agosto de 2023 por valor de 147 millones de euros y el de programada iba a renovarse en mayo por 135 millones pero quedó paralizado por un recurso de UGT que alertaba de que Grup La Pau no podía acceder a él por haber recibido una sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo por retraso en el abono de las nóminas.

La comunicación que trasladaron en ese mensaje de texto es la de tener que recoger, a partir de ahora, a los pacientes en las propias habitaciones, cuando antes se hacía en las zonas de acceso de los centros. Un cambio aplicado “de forma unilateral” del que, admite Fernández, todavía desconocen la motivación, pero que ni facilita el trabajo ni acorta los tiempos, como “excusan” las autoridades sanitarias. Más bien todo lo contrario, considerando, además, que esa no es la labor de los profesionales que llevan las ambulancias.

A este respecto, denuncian que Carlos Simón está "utilizando los vehículos del servicio programado, adscritos al contrato público, para servicios privados durante el fin de semana". "Se están dando situaciones tan alucinantes que el pasado fin de semana un trabajador adscrito a este servicio programado estuvo toda su jornada laboral sentado en la base porque no tenía vehículos, porque se estaban utilizando para servicios privados que se facturan aparte", lamentan desde la CIG.

Personal del servicio sanitario asegura que a menos de tres semanas de haber empezado el nuevo contrato, la empresa Eliance "ya comete el primer incumplimiento" del mismo, que "dice claramente que los dos aparatos que pone a disposición de la Xunta tendrán que estar operativos todos los días del año desde que sale el sol hasta el ocaso".

La Consellería les ha trasladado que «hay más de una empresa» interesada en el contrato de emergencia del servicio de transporte sanitario urgente, y que éste será adjudicado antes del miércoles próximo. Al respecto, prevén una nueva reunión la semana que viene con la nueva adjudicataria para abordar, entre otras cuestiones, la subrogación del personal, las condiciones de trabajo, necesidades de vehículos, situación de los centros de trabajo o uniformidades.

Las organizaciones sindicales CIG, CC.OO. y USO volverán a reunirse este jueves con representantes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y del 061-Galicia para tratar de alcanzar un acuerdo y poner fin al conflicto de Ambulancias do Atlántico, concesionaria del servicio de transporte sanitario y urgente en Vigo, Cangas y Moaña, intervenida tras impagos a los trabajadores.

Lo ocurrido en el área sanitaria de Vigo no debería sorprender si atendemos detenidamente al polémico historial del apellido Simón en el sector. Sin ir más lejos, lo que están experimentando hoy los trabajadores de Ambulancias do Atlántico ya es algo que se vivió hace años en Ambunova en esta misma comunidad y que repitió la compañía en Aragón, donde la empresa llevaba el transporte sanitario urgente tras hacerse con el contrato en una Unión Temporal de Empresas junto con Acciona, una empresa en la que participaba Edgar Nolla...