En virtud de la nueva política, la policía puede acceder a un máximo de 24 horas de vídeo en directo de grabaciones exteriores de cámaras de vigilancia privadas propiedad de particulares o empresas sin necesidad de una orden judicial, siempre que el propietario de la cámara lo permita. La policía debe cumplir uno de los tres criterios señalados para utilizar su nuevo poder: debe estar respondiendo a una emergencia que ponga en peligro la vida, decidir cómo desplegar a los agentes en respuesta a un gran evento público (...)
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