El artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) dice que todas las personas que residan en territorio español "tendrán obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley". Sin embargo, el artículo 411 pone una excepción expresa: el Rey, la Reina, sus respectivos consorte, el príncipe heredero y los Regentes del Reino están exentos de dicha obligación, algo que recuerda la Sala en su auto de 91 páginas.
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