La fiscal ha anunciado su decisión en la segunda jornada del juicio, después de que declarasen como testigos varias enfermeras y de que lo hiciese el propio querellante que aseguró «no tener intención de que ninguno de sus compañeros entrase en la cárcel o perdiese su trabajo» ya que «los perdona». El denunciante, que había renunciado a toda acción penal, si mantenía la reclamación de una indemnización de 60.000 euros, 7.500 por parte de cada acusado.
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