La Coordinadora alega en su recurso por un lado, que la planta no era compatible con las determinaciones urbanísticas del planeamiento vigente en el momento en que se formuló la solicitud de autorización, y por otro, la falta del preceptivo informe de compatibilidad urbanística era preceptivo y no existía. Alude también a la situación de indefensión producida por el hecho de que el expediente administrativo al que tuvo acceso para formular las alegaciones durante el trámite de información pública se encontraba incompleto por parte del pro motor
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