La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a informar a los servicios sociales pero no garantiza una alternativa habitacional a tiempo.El Consejo General del Trabajo Social advierte de los recursos no pueden absorber los casos con tanta celeridad: "Esto solo es una herramienta jurídica."El texto impulsado por el PDeCAT con el apoyo de PP, Ciudadanos y PNV entra en vigor el 2 de julio y permitirá desalojar en menos de un mes pero solo en propiedades a nombre de personas físicas..
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