Las "redes clientelares de tráfico de influencias" desarticuladas en la 'operación Púnica', constituidas en torno al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Así consta en el auto dictado este miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que señala que Granados formaba parte de "una red de tráfico de influencias".
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