La trama del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) utilizó empresas de Murcia y Alicante para pagar comisiones ilegales por el amaño de adjudicaciones públicas de la administración catalana. Paradójicamente, el dinero de esas mercantiles del Levante, que había salido directamente de los bolsillos de los contribuyentes de esas provincias, terminó sirviendo para financiar el programa político de CDC para alcanzar la independencia de Cataluña.
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