El Gobierno puso en marcha hace un año un sistema de control de los beneficios extraordinarios de las eléctricas para evitar que aprovecharan la espiral de subidas de precios provocada por la crisis energética -entonces casi recién estrenada- para disparar sus ingresos de forma abusiva. El objetivo era impedir que las compañías energéticas vendieran la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y parte de las renovables a los precios desorbitados del mercado mayorista.
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