En verano del año pasado, la Ley Rider cumplía su primer aniversario y no lo hacía en su mejor momento. Uber Eats se sumaba a Glovo en el desafío de la norma y volvía a repartir con autónomos. Tras varios avisos de Trabajo de que sería “implacable” para hacer cumplir la norma, Yolanda Díaz anunció en septiembre que llevaría a las compañías “rebeldes” ante la Fiscalía para que fueran juzgadas en los tribunales de lo penal. Un año después, Trabajo aún no ha eactuado y finalmente quienes han dado el primer paso han sido colectivos de riders.
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