Desde el 18 de abril, la violencia de grupos radicales ha dejado decenas de muertos y heridos en Nicaragua, así como pérdidas materiales que superan los 233 millones de dólares, alrededor del 1,6 % del PIB de la nación. La violencia opositora se inició bajo el argumento de protestar contra la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ante lo cual el Gobierno de Daniel Ortega derogó la medida y llamó al diálogo. Sin embargo, los actos vandálicos continuaron en busca de la desestabilización del país.
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