La compañía, que emplea a 43.000 personas y proporciona servicios en defensa, educación, sanidad y transporte, dijo que el Gobierno proporcionaría la financiación necesaria para mantener los servicios públicos que lleva a cabo su personal. Las tensiones en torno a la empresa de 200 años de antigüedad se han ido intensificando en las últimas semanas, obligando al Gobierno a celebrar una serie de reuniones de un gabinete de crisis para decidir cómo responder a la situación. Carillion, una de las muchas empresas privadas encargadas de servicio
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