La planta y las instalaciones adyacentes necesarias para su funcionamiento deben ser de propiedad estatal, señala el decreto presidencial que ordena al Gobierno que se apropie de la central, bajo control del Ejército ruso desde el mes de marzo. Para ello, el Gobierno deberá crear una empresa que se encargue de garantizar la seguridad de las instalaciones, que han sido objeto de ataques durante los últimos dos meses de los que se acusan ambos bandos.
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