Las dos únicas empresas que podrían hacer frente al buzoneo de propaganda electoral para animar a la participación en toda Cataluña serían la estatal Correos y la privada Unipost, con sede central en Barcelona. La primera renunció a hacerlo en la consulta del 9 de noviembre de 2014 y la segunda presentó el pasado martes una solicitud de concurso de acreedores en un juzgado de Barcelona.
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