El Gobierno quiere que Carles Puigdemont y sus exconsejeros sean sometidos por el Tribunal de Cuentas a un expediente de responsabilidad contable para que paguen con su patrimonio personal el dinero público que se haya empleado en el referéndum ilegal del 1 de octubre, tal como ya ocurre con Artur Mas y sus exconsejeros respecto a la consulta del 9N, por la que se les reclama una fianza de 5,2 millones de euros.
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