Según el acuerdo alcanzado por las dos formaciones el Código Penal se revisará a fin de dividir lo que hasta ahora se ha considerado malversación en tres tipos delictivos distintos. El que beneficiará a los condenados y encausados por los hechos del 1-O contempla penas de uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años. En definitiva, un castigo sustancialmente menor que el incluido hasta ahora en la ley.
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