El Gobierno aragonés PSOE-Chunta ha promovido un nuevo proyecto de ley que contempla la posibilidad de expropiar viviendas para ponerla a disposición de personas o familias con bajos recursos. Recoge expresamente la posibilidad de expropiar viviendas que no cumplan lo que el Gobierno aragonés pasa a definir como «la función social para la que está concebida»: su uso residencial y su efectiva ocupación. Esa potestad de expropiación queda limitada con una serie de criterios estipulados en el propio proyecto de ley.
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