La norma introduce nuevos delitos y duras penas de hasta cadena perpetua, además de que autoriza a las fuerzas de seguridad de Pekín de operar legalmente en Hong Kong con impunidad. Pekín se atribuye amplios poderes que nunca antes había tenido para moldear la vida de la excolonia. (los juicios pueden celebrarse en secreto (artículo 41) y sin jurado (artículo 46). Los jueces pueden ser elegidos a dedo (artículo 44) por la jefatura ejecutiva de Hong Kong, que responde directamente a Pekín.)
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