En los últimos años la sociedad española asiste con preocupación a un aumento de casos de delitos de los denominados de “corrupción política”. Se trata de supuestos en los que, más allá del cumplimiento por los funcionarios y el personal al servicio de las Administraciones Públicas a los fines que la justifican, utilizan dicha posición en su favor para enriquecerse, obtener un lucro propio o ajeno o cualquier ventaja económica o moral.
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