El Partido Popular de Cantabria ha solicitado una pena de quince años de inhabilitación para empleo o cargo público a cada uno de los dos exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud acusados de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, por supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios del SCS durante la pasada legislatura.
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