En los últimos ocho años, las administraciones públicas han pagado casi seis millones de euros en armas que inmovilizan mediante descargas eléctricas, en sus complementos y en formación para su uso. Dos empresas han recibido el 80% del dinero sufragado a través de contratos públicos. Las instituciones que más dinero han gastado en estas armas son el Cuerpo Nacional de Policía (1,87 millones de euros), la Generalitat de Catalunya (1,48 millones) y el Ayuntamiento de Madrid (1,45 millones). En total, suman un desembolso de casi 4,8 millones…
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