La propuesta de los ponentes pasa por suprimir la definición de consentimiento que plantea la reforma estrella del departamento que dirige Irene Montero. El informe la califica de “innecesaria” porque plantea problemas “probatorios” y puede incrementar la “victimización secundaria” de la agredida porque los interrogatorios se centrarán “en el modo en que la víctima suele prestar el consentimiento sexual”. Otro titular es que cuestionan a la posibilidad de que el juez “atendiendo a la menor gravedad del hecho” pueda rebajar la pena de prisión.
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