Produjo el documental O Camiño mozárabe: sangre, sudor y fe. Lo que ahora quiere saber el Poder Judicial es si el magistrado desempeña su actividad de empresario sin la obligada autorización. Aunque por el momento solo es la apertura de un expediente, de resolverse en contra de los intereses del juez, podría acarrearle una multa de entre 501 y 6.000 euros. Y si se estima que la falta es muy grave, incluso podría terminar con su expulsión de la carrera judicial.
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