El “agujero” en la recaudación de 2017, que rondará los 6.500 millones de euros, no sólo demuestra la sobreestimación del Gobierno al hacer sus cuentas sino que abre las puertas a un nuevo recorte de los gastos, ya que el Ejecutivo deberá irremediablemente dejar de ejecutar parte del gasto presupuestado si quiere cumplir con el objetivo de déficit marcado por las autoridades comunitarias.
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