Primero, vale la pena aclarar que no hablamos de una privatización al estilo británico, un sistema que aunque ha sido menos desastroso de lo que se dice a menudo ha resultado ineficiente y espantosamente caro para todos los implicados. El modelo que veremos en España (y en casi toda Europa) es algo más parecido a lo que vimos en el sector aéreo: la infraestructura sigue en manos públicas, pero es de libre acceso para cualquier operador que cumpla normativas de seguridad y pague los cánones de circulación para cubrir su coste.
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