La renovación de todos los dispositivos móviles de los diputados ha generado polémica incluso entre los propios portavoces parlamentarios. Después de hacerse público que el Congreso va a destinar un presupuesto superior al millón de euros en la adquisición de teléfonos y tablets de última generación que sustituyan a los que fueron entregados en 2018, varias formaciones políticas se han mostrado abiertamente en contra de ese gasto.
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