Apenas un año después de que el Tribunal Constitucional hiciera temblar las arcas de todos los ayuntamientos de España al declarar contrario a la ley el cobro de la plusvalía municipal, en aquellos casos en que la venta de un inmueble genera pérdidas al vendedor, ha llegado el momento de que los ayuntamiento de media España comiencen a rascarse el bolsillo y a devolver los importes que cobraron de más, una cifra que portales como reclamador.es calculan en más de 3.000 millones de euros, solo en los últimos cuatro años.
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